De nuevo evidenciamos que en Guatemala vivimos en el país de lo urgente, pero no de lo importante. Lamentablemente, ocho personas fallecieron en los enfrentamientos de la Cumbre de Alaska, Totonicapán.

Ello ha dado pie para que el Gobierno confirme que los eligieron para dar mano dura; los empresarios para corroborar su postura contra los bloqueos; los diputados para citar infinitamente a las autoridades y evadir su responsabilidad de aprobar la ley anticorrupción, y la comunidad internacional para preocuparse por una vuelta atrás a la represión. Todo tipo de reacciones, menos para enfocarse en las causas y no tanto en las consecuencias.

Sería bastante sano para el país que el Ministerio Público pueda trabajar sin mayores presiones ideológicas. La investigación es, de por sí, muy tensa, porque en este país polarizado necesariamente se tiene que quedar mal con la mitad de la población.

Según se vislumbran los hechos y las supuestas primeras hipótesis, deben existir cargos por homicidio (culposo, negligente, o preterintencional) contra los soldados que se comprueben que dispararon, puesto que ya se sabe que todas las muertes fueron por balas de fusiles Galil. También cargos de asesinato en grado de tentativa para el supuesto guardia de seguridad que inició el tiroteo. Y, por último, cargos penales y sanciones administrativas contra las autoridades de Gobernación y Defensa que autorizaron llevar armas al desbloqueo (que podría llegar hasta mandos medios y altos). Además de destituciones a quienes entrenaron a los soldados negligentes que no saben soportar un ataque de pánico.

El caso, desideologizado, pareciera fácil. Pero, lamentablemente, los sectores que se han pronunciado han tenido dobles intenciones, sobre todo para justificar sus posturas irrenunciables. Estos ratifican su postura antimilitarista; otros, anticomunista; aquellos, antibloqueos; los de más allá, anti otra cosa, pero nadie ha dicho nada por las causas históricas que empujan a los 49 cantones de Totonicapán y otros sectores marginados a protestar.

El problema es que básicamente nos hemos enfocado en exigir que se resuelva este caso, pero cada quien exigiendo la cabeza en charola de plata de sus enemigos políticos. La oposición ha llegado, incluso, a exigir la salida de los ministros de Defensa y Gobernación, del PDH y hasta del presidente Otto Pérez. Otro sector productivo retrógrado exige que se mantenga esa agresiva política antibloqueos. Pero nadie ha pedido resolver la conflictividad histórica.

Ciertamente, el actual Gobierno no es el responsable directo de una de las demandas, como es el alto costo de la energía eléctrica. Sin embargo, sí podría ser un factor para resolver el conflicto. Mientras que de otras dos exigencias (Reformas Magisterial y Constitucional) sí ha tenido un rol más protagónico, al impulsarlo a marchas forzadas. Especialmente, la reforma magisterial, que pese a la pantomima de diálogo que supuestamente se hizo, la propuesta permaneció exactamente igual, sin haber escuchado a los opositores. Además, es más que obvio que el gobierno militarizado fue prácticamente impuesto por los financistas para impulsar sus proyectos tal y como lo hacen los kaibiles, sin rechistar y sin retroceder, como ha sido con la Reforma Magisterial, el usufructo en Portuaria Quetzal o la Actualización Tributaria.

Si bien es URGENTE que se realice una investigación objetiva y desideologizada de los sucesos violentos en la Cumbre de Alaska, lo realmente IMPORTANTE es abordar las causas históricas (algunas con más de 500 años de persistencia) que generan estos conflictos, no solo en Totonicapán, sino que prácticamente en todo el país. Si no, a la vuelta de la esquina, luego de cerrarse este capítulo y el Alzheimer histórico que padece la sociedad guatemalteca olvide los hechos del 4 de octubre, volverá a ocurrir nuevos bloqueos, nuevas protestas y nuevos cancilleres que digan pendejadas en Twitter.