El conflicto agrario en Guatemala ha sido una constante en el diario vivir, con el aumento de la población y el débil crecimiento económico que se presenta en la actualidad, ocasiona que este se agudice aún más. Cabe resaltar que las expectativas de crecimiento para el presente año se encuentran por debajo de las alcanzadas en 2011, lo que proyecta mayores indicios de conflictividad en varios sectores de la sociedad.
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La crisis agraria en el país no es necesariamente un producto del bajo crecimiento de la economía nacional, tampoco un problema reciente, es entonces el resultado de las demandas acumuladas que por siglos han manifestado los habitantes del área rural. Quienes, al encontrarse en situaciones de extrema pobreza, han optado por migrar a la ciudad a ocupar áreas marginales.
El desempleo en el sector agrícola se presenta de una manera estacional, pero a lo largo de la historia se ha convertido en un problema estructural, dado que dicha rama de la producción no tiene la capacidad de emplear a la mayoría de campesinos.
El problema no es ajeno a la población que ha sido beneficiada con los financiamientos que otorga el Gobierno para la compra de tierras. Es preocupante observar la baja productividad que muestran las fincas otorgadas a asociaciones campesinas, de las cuales muchas tienen considerables rezagos con el pago de la deuda al Fondo de Tierras. Aunque no todos los campesinos tienen acceso a estas tierras, los que la poseen no han mejorado significativamente su nivel de vida. Sin duda, la intención de llevar el desarrollo al área rural, vía el cooperativismo en la producción agropecuaria, es una excelente opción; pero actualmente se presentan una serie de obstáculos, los cuales impiden que sea eficiente el uso de los factores de la producción por parte de los campesinos. En la mayoría de los casos, esas fincas tienen potencialidades; sin embargo, son difíciles de identificar por sus ocupantes, derivado de los bajos niveles de educación y capacitación que poseen.
Por otra parte, existe un factor fundamental -la capacidad empresarial- para llevar a cabo el proceso productivo, pero al momento de diseñar la política no se resaltó la importancia, de dotar a los campesinos de esta capacidad al momento de adquirir las tierras. Este factor es tan importante como los demás, ya que solo así se organizará eficientemente la producción, comercialización y posterior reinversión; de lo contrario será muy difícil encadenar los procesos. Es necesario advertir que la dotación de este factor de la producción a la población beneficiada, no es inmediata, sino más bien es un proceso a largo plazo, puesto que existe una relación positiva entre los niveles de educación de los individuos y la capacidad empresarial.
El acceso a los mercados constituye, tal vez, el desafío más difícil que debe superarse, y que se logrará con el aumento de los estándares de calidad en la producción, la cual sea capaz de satisfacer las exigencias del mundo actual. En conclusión se torna muy complicada la inserción. Primero por el bajo dinamismo que presenta el mercado local; y segundo porque Guatemala es una economía diminuta en el ámbito internacional, es decir tomadora de precios y sometida a un sistema de cuotas.
Para revertir el panorama, El Estado debe aplicar políticas pertinentes, como asegurarse, en el corto plazo, de brindar verdadera asistencia a los productores que se organizan en asociaciones campesinas para obtener la producción que les genere los mayores rendimientos. En el largo plazo, velar por una mayor cobertura y calidad de la educación en el área rural, debidamente contextualizada, además de ser el medio que facilite la comercialización de la producción en el mercado internacional.