Están por cumplirse los primeros diez meses de una legislatura en la que muy pocos diputados han sobresalido por un trabajo positivo. Diez meses de una legislatura que apenas ha avanzado y no ha podido resolver de forma integral ninguno de los problemas que afectan al país y que requieren de un marco claro para su solución. Diez meses de una legislatura formada por muchos diputados que prometieron, siguen prometiendo y no cumplen.

A finales de julio y principios de agosto se veía una luz al final del túnel, varios diputados desistían de sus interpelaciones y la agenda volvía a caminar, o al menos eso parecía. La Junta Directiva y la Junta de Jefes de bloque consensuaron una agenda con puntos específicos a tratarse en dos sesiones ordinarias, la número 24 y la 25. Sin embargo, en las últimas semanas esa ilusión se perdió y otros sentimientos son los que afloran en muchos ciudadanos.

Y es que esa sesión número 24, que empezó el 7 de agosto, se declaró permanente y dos meses después aún no termina. La han venido usando para perder tiempo, metiéndole temas no prioritarios en lugar de cuestiones trascendentales para el país. Uno de esos temas pendientes es la Ley Contra la Corrupción o Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, a la que le he dedicado bastante espacio.

Esa ley, que no es más que una actualización del Código Penal en lo relativo a los delitos contra la administración pública, es una herramienta muy importante para que las instituciones de la cadena de justicia puedan pedir y dar castigos ejemplares a quienes se aprovechen de su situación en una institución pública. Mientras esa ley no pase, seguiremos viendo condenas que dan risa, pero de cólera, como la recién dada al exdiputado Eduardo Meyer.

Y no es que se trate sólo de aumentar y aumentar las penas, sino de hacerlas más acordes a la gravedad del delito. Tampoco se trata de que sólo se castigue a los funcionarios y empleados públicos y no a los particulares. Ese mismo caso de los Q82 millones mostró, en la condena a Raúl Girón, cómo la administración de justicia tiene suficientes herramientas para castigar al particular que cometa delitos contra la administración pública o contra otras personas particulares o jurídicas. Veinticuatro años de prisión inconmutables y la devolución del dinero versus tres años de prisión conmutables y una pequeña multa.

La semana pasada comenté cómo diez bloques legislativos firmaron un compromiso para continuar con la aprobación de la mencionada ley. Sin embargo, muchos de sus miembros no se han presentado al Pleno en los momentos en que se podría seguir discutiendo la ley. ¡Basta ya! Esta situación no puede seguir, no pueden jugarnos la vuelta toda la vida. Los diputados, en especial los de esos bloques que se comprometieron, deben presentarse puntualmente a las convocatorias y demostrar que su compromiso es real.

De no asistir, darán un mensaje que no debemos olvidar. Un mensaje de indiferencia hacia la ciudadanía y pocos deseos de atender a sus necesidades. Debemos estar atentos a quiénes son esos diputados que no cumplen con su palabra, dejando de culpar al Congreso como institución, y responsabilizando directamente con nombre y apellido a los diputados mentirosos. Esos diputados irresponsables y sus partidos políticos deben de sufrir las consecuencias de sus mentiras al menos en las próximas elecciones, dejando de ser una opción para los votantes. Mientras no lo hagamos, difícilmente podremos salir adelante.