Manifestaciones y protestas en torno a diversos problemas relacionados principalmente a temas de minería, las hidroeléctricas, las reformas magisteriales y el alto precio de la energía eléctrica, causa de la última protesta social en Totonicapán, han desembocado en tragedias y una mayor escala de la conflictividad; analistas consideran que la respuesta del gobierno actual no ha sido la adecuada y que debe darse prioridad por el diálogo.
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Fue muy lamentable lo que sucedió en Totonicapán, no se debe continuar en esa línea, al contrario, se deben utilizar los mecanismos de diálogo que permitan a las partes sentarse y dialogar, opinó Juan Carlos Sanabria, analista en movimientos sociales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
Sanabria señaló que durante este gobierno “se han dado situaciones complicadas” en referencia a conflictos con otros sectores como los estudiantes de la carrera magisterial; el gobierno ha tenido que utilizar la fuerza, pero los conflictos no deben llegar a ese punto, deben abordarse en las instancias de diálogo para no dar lugar a hechos lamentables como la muerte de una persona, consideró el analista.
El gobierno cuenta con un mecanismo de diálogo que está activo, el que debe acompañarse de la voluntad de las partes para llegar a acuerdos y por otro lado establecer acciones que den soluciones en el corto y mediano plazo, a las demandas sociales, indicó Sanabria.
Por su parte, la politóloga Jeraldine del Cid considera que el gobierno de Otto Pérez ha sido impositivo en los conflictos, como en el caso de la reforma magisterial; en otras administraciones ha habido los mismos problemas, pero se han logrado acuerdos con los estudiantes.
Ahora la reforma ha sido bastante radical y mi opinión es que el gobierno no ha sabido manejar el cambio; aunque hubo mesas de diálogo en donde al parecer se escucharon las propuestas de los dos grupos, al final la solución parece más una imposición, indicó.
La comunicación del gobierno pareciera que está fallando, al final se desatan conflictos que pueden desembocar en hechos lamentables como lo sucedido en Totonicapán el pasado jueves, indicó.
PROBLEMAS SON HISTÓRICOS
Del Cid también considera que hay que ver las demandas de los distintos sectores con un enfoque histórico; los 48 cantones de Totonicapán como otras organizaciones han venido protestando por las mismas demandas durante años y en todos los gobiernos, señaló la académica.
El problema que tiene el actual gobierno es el mismo que han tenido los anteriores y es que no se resuelven los problemas de raíz; soluciones para paliar la pobreza, como las transferencias y condiciones, no atacan a fondo los problemas, anotó.
De acuerdo con Del Cid no se han alcanzado acuerdos, porque no se ha intentado solucionar los problemas a profundidad; las familias protestan contra el alto costo de la energía eléctrica, porque no pueden pagar las facturas, ya que su nivel de pobreza es muy alto, dijo.
SE HA INTENTADO DIALOGAR
Rafael González, del Comité de Unidad Campesina (CUC), indicó que las organizaciones sociales han intentado establecer un diálogo con el gobierno, como lo hicieron al final de la Marcha Campesina Indígena y Popular, en marzo pasado.
Fue un mecanismo de diálogo que nosotros creamos, pero que hasta ahora se ha ido cerrando, porque después de varias reuniones el gobierno ya no nos recibió, dijo González, quien considera que cada vez hay más tintes represivos para opacar las protestas sociales.
Según el dirigente, los puntos de mayor conflictividad social en el país en 2012 se han registrado en Barillas, Huehuetenango; San Rafael, Las Flores, Santa Rosa; San Juan Sacatepéquez, Guatemala; San José del Golfo, Guatemala, relacionados principalmente con la minería, la militarización y la deuda agraria.
En San Juan Sacatepéquez la población se opuso a la construcción de una cementera, pero ahora también contra una brigada militar, dijo.
Identifican puntos de conflictividad
Las rutas a Occidente, Noroccidente y la capital guatemalteca, han sido identificadas por la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), como los puntos con mayor conflictividad por las protestas; en los últimos meses, las autoridades han enfocado su atención en la toma de edificios públicos, por parte de estudiantes.
Según un informe policial, los puntos que usualmente son bloqueados se ubican en el Occidente, estos son el cruce a Cuatro Caminos, Monumento al Migrante, kilómetro 215 entrada a Las Victorias, kilómetro 245 a la altura de la aldea San Isidro Chamac, kilómetro 248 cruce La Virgen, así como el kilómetro 272 cruce a Arizábal.
En el Noroccidente del país, las autoridades han identificado el kilómetro 117 a la altura del lugar conocido como Las Trampas, kilómetro 149 a Nahualá, kilómetro 170 ruta a Santa Catarina Ixtahuacán, kilómetro 127 a la altura de Los Encuentros y kilómetro 64 Zaragoza Chimaltenango.
Las manifestaciones son principalmente de organizaciones campesinas y este año principalmente de estudiantes del magisterio.
Las autoridades han prestado mayor atención, principalmente en las protestas de estudiantes, quienes han tomado edificios públicos.
Según la información, en el Distrito Central los puntos que usualmente han sido tomados por los colegiales, son el Instituto Normal Centroamericano para Señoritas (INCA), Instituto Rafael Aqueche, Instituto Normal Central para Varones zona 13 e Instituto Belén. En el interior del país, también se concentra la atención, principalmente en Quetzaltenango.