Cuando uno observa en los diarios impresos las fotografías del exdiputado Eduardo Meyer con cierto aire de satisfacción y desdén, después de haber escuchado que el tribunal que lo juzgó por el “extravío” de Q82 millones durante su desempeño de la Presidencia del Congreso, le impuso la pena de tres años de prisión conmutables y la multa de Q10 mil, no se puede esperar que el sistema de justicia se aplique con rigor contra todos aquellos que descaradamente se aprovechan de los cargos públicos para enriquecerse con recursos del erario.
Esa risible condena, atribuible fundamentalmente a la carencia de la ley contra la corrupción, también podría aplicarse al alcalde Adolfo Vivar, de Antigua Guatemala, y de ahí que es explicable que a sabiendas de que aún no está tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, ese funcionario haya salido sonriendo en las gráficas que le captaron los fotógrafos de prensa cuando fue capturado, acusado de varios delitos cometidos al amparo de sus funciones edilicias.
Por esas mismas circunstancias que favorecen la impunidad, el exalcalde Belarmino Montúfar, de Chimaltenango, caminaba tranquilamente en las calles de esa ciudad, sindicado de lavado de dinero, no obstante que antes de ser elegido para el cargo que ostentó durante cuatro años, “presuntamente” contribuyó a saquear a la municipalidad de Santa Rosa de Lima, utilizando una empresa de construcción de su propiedad.
No es de extrañar, tampoco, que hace un par de semanas haya recuperado su libertad un individuo de apellido Salam, quien en 2008 fue condenado a diez años de prisión por haberse apropiado de más de Q20 millones cuando fungió en una de las secretarías presidenciales en tiempos de Portillo, pero se benefició con la ley de redención de penas. Cuatro años fueron suficientes para expiar su culpa y ahora a disfrutar de su fortuna.
Me imagino que la abogada Beatriz Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, estará muy agradecida con la Corte de Constitucionalidad, porque ya no es juzgada por el delito de obstrucción de justicia, en el caso de la muerte y desaparición de quien fuera su nuera, sino por el hecho ilícito de amenazas, que contempla la libertad condicional. Entre tanto el hijo de la imperturbable exmagistrada continúa sin aparecer, como tampoco se sabe del paradero de sus pequeños nietos, y se ignora dónde yace el cadáver de la joven señora Cristina Siekaviza.
Al tomar en consideración esos antecedentes, al director del Fondo Nacional para la Paz, Armando Paniagua, le salen sobrando los señalamientos de elPeriódico en torno a que ha favorecido a cuatro empresas constructoras de Quetzaltenango, por Q17 millones, que pertenecen a allegados suyos, incluyendo una ligada al delegado de esa institución en aquel departamento, al margen de otros negocios, como la compra de una camioneta blindada con valor de más de medio millón de quetzales, sin mediar licitación, y la adquisición de 32,500 pupitres escolares a razón de Q160 cada uno, mientras que su costo de mercado es de Q145.
(En medio de esta podredumbre, la columnista Carolina Vásquez Araya, de Prensa Libre, es intimidada insolentemente por el administrador de la finca Pangola, en La Gomera, Escuintla, porque la valiente periodista reveló que ese sujeto violaba a las hijas de los trabajadores: “Las buscada de 7 a los 14 años para desvirgarlas”.
Carolina recibió amenazantes mensajes, pero no se acobardó y planteó su denuncia en el MP. Le envío a la colega y amiga mi solidario saludo y firme apoyo incondicional).