Pocos procesos legales han generado tanta frustración en Guatemala como el que se siguió por el robo de Q82 millones del Congreso de la República y que terminó con una debilísima condena para Eduardo Meyer Maldonado, presidente del Organismo Legislativo cuando se cometió ese delito. Ciertamente nuestras leyes son una babucha y permiten que los ladrones se terminen riendo de las penas que se les pueden imponer pero, además, hay que ver que en el Ministerio Público durante toda esta investigación, iniciada en tiempos de Colom y en la que participaron tres Fiscales Generales, hubo por lo menos descuido y falta de interés por llegar al fondo del asunto.

Algunos sostienen que lo que más complicó las cosas fue la participación que tuvo el entonces candidato presidencial y ahora Presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien fue denunciado por la intendencia de verificación por haber recibido varios cientos de miles de quetzales de la empresa MDF que fue la que se robó el dinero del Congreso. Algunos mal pensados sostienen que ese negocio se investigó a la ligera y que la condena para Meyer fue tan leve para enterrar definitivamente cualquier otra investigación que sirviera para explicar el otro negocio en el que el líder del PP recibió dinero de la entidad dirigida por Raúl Girón.
 
 Es cierto que nuestras leyes no contemplan sanciones efectivas y fuertes contra los ladrones corruptos porque precisamente son ellos los que hacen las leyes, pero también es cierto que tenemos que preguntarnos sin en el caso de Eduardo Meyer no pasó de ser un peculado culposo, es decir, un peculado en el que no tuvo realmente responsabilidad sino que se le imputa porque no puso el debido cuidado para administrar los bienes del Congreso.
 
 La explicación de los fiscales en el sentido de que la ley no les permitía pedir nada más contra Meyer es muy cuestionable porque todo arranca con el delito que se le tipifica. Si en vez de haberlo acusado de peculado culposo se le acusa, como debió ser, de peculado, la pena pudo ser por lo menos de diez años de cárcel que es lo menos que hubiera merecido quien es responsable de que 82 millones de quetzales se hayan esfumado, desaparecido, desvanecido en el aire. No es posible que un funcionario que tiene la obligación de velar por la integridad de los fondos públicos, termine librándose de cualquier culpa simplemente poniendo cara de baboso.
 
 Si al hecho de que la ley está hecha para favorecer a los pícaros sumamos que hubo una investigación con guantes de seda para proteger a los que recibieron dinero de MDF, entendemos por qué es tan justa la indignación de los ciudadanos.

Minutero
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 el pueblo sale fregado;
 todo está presupuestado
 y el pisto ha sido asignado