A continuación un análisis de los compromisos adquiridos por Thelma Aldana, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), que también revela los resultados que se han alcanzado hasta la fecha.

Al iniciar su periodo como presidenta de las instancias administradoras de justicia en el país, Thelma Esperanza Aldana Hernández tenía siete objetivos importantes: propiciar la justicia para las mujeres y los pueblos indígenas, fortalecer el Plan Quinquenal 2011-2015 del OJ, favorecer la participación ciudadana en la justicia, optimizar la ejecución presupuestaria, proponer cambios en la Ley del OJ y fomentar la coordinación con los demás poderes del Estados, entidades del sector justicia y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

A casi un año del lanzamiento de esas promesas, el Pleno de Magistrados ya tiene establecido el cronograma para elegir al próximo Presidente, y a menos de un mes para que Aldana deje el cargo, en la CSJ se trabaja a toda prisa para cumplir con una serie de actividades programadas.

Solo en el último mes, Aldana inauguró el Centro de Femicidio y la Unidad de la Niñez, firmó un convenio con el Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala –para la capacitación de intérpretes en idiomas mayas– y firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio Público.

Con esto, pareciera que un año es insuficiente tiempo para el desarrollo de objetivos ambiciosos. A continuación se presentan algunas de las promesas más relevantes de la gestión de la presidenta Aldana, y los resultados que logró alcanzar.

APERTURA INSTITUCIONAL
Uno de los compromisos de Aldana que mayores expectativas despertó fue el buscar el apoyo interinstitucional con entidades del sector justicia,  para actualizar y renovar los procesos judiciales.
En su discurso de toma de posesión, Aldana prometió fomentar “la coordinación con el Organismo Ejecutivo, Organismo Legislativo y el Ministerio Público, entidades del sector justicia y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.  “Apreciaré, durante mi gestión, el acompañamiento del Cuerpo Diplomático y Comunidad Internacional, porque el fortalecimiento del Organismo Judicial requiere de un apoyo sostenido”, señaló.
Aldana, aunque casi al término de su gestión, cumplió con su promesa, pues hasta el 22 de septiembre firmó con la fiscal general Claudia Paz y Paz Bailey el convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial.
 
Con este convenio se busca que el Ministerio Público pueda consultar la información que permita agilizar las investigaciones; el acuerdo también indica que la información no debe ser limitada, siempre y cuando esté bajo las disposiciones legales y con la garantía de confidencialidad.
 
Según ha manifestado la Presidenta, ambas instituciones “estamos coordinados para llevar a sentencia los procesos, cuando las pruebas así lo demanden”.

En cuanto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante el último año no se firmó ningún convenio de trabajo o coordinación interinstitucional; no obstante, esta instancia presentará en los próximos días un informe en forma de denuncia, donde mencionan a 12 jueces que podrían haber incurrido en el delito de prevaricato.

Según lo que ha manifestado el jefe de la CICIG,  Francisco Dall’Anese, es parte de un proceso de depuración en el Poder Judicial. A esto, Aldana ha solicitado que la situación se maneje bajo el debido proceso y que se respete la independencia judicial.

LAS MUJERES
La mañana del 13 de octubre del 2011, uno de los puntos más fuertes y recurrentes en el discurso de la actual presidenta fue el impulso de la justicia de género.

“En este momento estoy pensando en la mujer guatemalteca, a quien se le han negado sus derechos y su dignificación como ser humano.  La igualdad de género debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad jurídica, social, familiar, cultural y laboral”, puntualizó.

La violación a los derechos humanos de las mujeres constituye un claro obstáculo para alcanzar la paz y la democracia, aseguró Aldana. También expuso: “Dentro de los alcances de mi gestión adquiero el compromiso de impulsar políticas de género y beneficiar a miles de mujeres de diversidad étnica y cultural; evidenció el compromiso de la Corte Suprema de Justicia para aportar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer”.

En relación a esto, uno de los logros más significativos de su gestión fue la creación del Centro de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer. Dicho centro alberga el Juzgado de Primera Instancia, el Tribunal de Sentencia Penal –que funcionan de manera pluripersonal– y la Sala de la Corte de Apelaciones especializados en la materia.
Estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj) revelan que en los órganos jurisdiccionales del ramo penal de toda la República, en el 2011, ingresaron 23 mil 659 casos por delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
Se emitieron sentencias en 412 litigios, 119 fueron condenas absolutorias. La cifra “fría” revela un dato alarmante, pues únicamente un 1.74 por ciento de los casos fue resuelto por esta vía, y aunque muchas veces sucede que las denuncias se quedan abandonadas o se resuelven por otro medio, los datos arrojan un trágico 98 por ciento de impunidad en casos de esta materia.
El índice resulta significativo porque durante el 2011 ingresaron más de 23 mil casos y en ese mismo período se resolvieron 412 casos, mismos que además pueden ser de causas ingresadas en años anteriores, lo cual muestra una disparidad grande entre lo que se presenta a juzgados y lo que se termina resolviendo.
En una entrevista a un medio de comunicación, Aldana –en relación al índice de impunidad–, dijo que “los logros obtenidos en los casos de femicidio representan pequeños pasos para el Organismo Judicial; los pasos se están dando. Soy consciente de que son pequeños, pero todo forma parte de un proceso en el cual se han cometido errores. Eso sí: los cambios llegaron para quedarse”.
Hasta marzo de este año, iban 6 mil 523 casos  y se habían dictado 117 sentencias, de las cuales  26 fueron absolutorias. Aldana ha manifestado que el aumento de denuncias es consecuencia de la inauguración del Centro de Femicidio, que incide en que más víctimas tengan la iniciativa de denunciar.

NIÑOS Y NIÑAS
La presidenta Aldana también expresó que su gestión caminaría en la constante búsqueda del respeto a niños y niñas, pues “tenemos que alejar las frustraciones y retomar la lucha moral. Es mi profunda aspiración que cuando las víctimas sientan frío, la justicia les devuelva el calor humano”.
Datos estadísticos señalan que durante lo que va del año se han registrado 984 casos de maltrato contra menores, emitiéndose  únicamente 19 sentencias condenatorias.

En relación a esto, Aldana anunció para hoy, 28 de septiembre, la inauguración de la Unidad de la Niñez, con la que se busca capacitar a los jueces y sensibilizarlos para ese tipo de casos. El proyecto lo impulsa la Corte Suprema de Justicia con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

“La niñez es el futuro de Guatemala y sin lugar a dudas los tres poderes del Estado, la sociedad misma y las instituciones del sector justicia debemos de trabajar para proteger sus derechos y tener presente el interés superior del niño que nos mandan las convenciones internacionales y las leyes nacionales”, indicó en una entrevista a La Hora.

PUEBLO INDÍGENA
Ese mismo 13 de octubre, cuando asumía la Presidencia, Aldana señaló: “Necesitamos, como guatemaltecos y guatemaltecas, propiciar los cambios culturales que merecemos en este siglo veintiuno, y en este espacio ocupan principalmente en mi pensamiento los pueblos indígenas”.
El pasado lunes 3 de septiembre, las autoridades del Organismo Judicial (OJ) y del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua) firmaron un convenio de cooperación para brindar capacitación y asesoría a 81 intérpretes de idiomas indígenas, que se prevé faciliten el trabajo de los jueces y atiendan casos donde las barreras idiomáticas sean un obstáculo, especialmente en el interior del país.
Esto, según manifestó la funcionaria, es para dar cumplimiento al Artículo 8 de la Constitución Política de la República, que señala: “Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor”.
Según las estadísticas, el interior del país es el más afectado en cuanto a la premura para la resolución de conflictos; “para nosotros es muy importante la labor de los intérpretes; porque en los departamentos donde existe muy poco acceso a la justicia los casos no se podrían solucionar sin su apoyo. Nosotros les facilitaremos los lugares adecuados para realizar su trabajo, apoyados por la Unidad de Asuntos Indígenas y la Escuela de Asuntos Judiciales”, declaró Aldana.
En dicha ocasión, Santos Sajbochol Gómez, el coordinador de Fodigua,  explicó que las capacitaciones iniciarían en Sololá, Huehuetenango y Alta Verapaz; estas estarían destinadas a dar asesoría y reforzar el manejo de los idiomas: zutujil, cachiquel, quiché, kanjobal, chuj, quekchí, pocomchí y achí.

PLAN QUINQUENAL 2011-2015
Entre  los compromisos  que Aldana adquirió también figura fortalecer “las estrategias contenidas en el Plan Quinquenal 2011-2015, aprobado por el Pleno de Magistrados de la CSJ, con el que se buscaría involucrar al Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, a la Asociación de Jueces y Magistrados, a la organización sindical, buscando impulso de espacios permanentes de comunicación, diálogo y construcción colectiva de soluciones”.
Dicho plan contiene cuatro ejes y los objetivos trazados por cada una de las tres cámaras que componen la cúpula del OJ. En él, la oralidad para agilizar los procesos penales, civiles y laborales, así como la ampliación de tribunales, fueron primordiales.
Para el efecto, las tres Cámaras han impulsado, desde sus respectivas presidencias, diferentes programas, como por ejemplo la Gestión Oral por Audiencias en ámbito penal.
A la par, Aldana impulsó el inicio del plan piloto “Cero Papel”; sobre el que manifestó a los medios de comunicación: “Estamos implementando la carpeta judicial electrónica, que nos va a permitir dejar el expediente físico y tramitar el proceso por medios electrónicos”.
Dicho plan, iniciaría a funcionar en los juzgados y tribunales especializados en femicidio.  La funcionaria explicó que el juzgado recibe un expediente físico, este se pasa a través de escáner al Sistema de Gestión de los Tribunales y allí ya se le da lugar al expediente electrónico.

REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA EL OJ
El día en  que tomó cargo del puesto, La Hora publicó que en su discurso,  una de sus principales apuestas sería buscar el fortalecimiento del OJ, mediante las reformas constitucionales y por medio de modificaciones a la Ley de la Carrera Judicial, con 12 años de vigencia.
“La CSJ debe ser interlocutor en propuesta de reformas a la Constitución y vamos a utilizar nuestra iniciativa de ley para reformar la Ley de la Carrera Judicial y de Servicio Civil, así como fortalecer el programa Cero tolerancia a la corrupción”, declaró.
No obstante, este fue uno de los compromisos que menos avances obtuvo.

Si bien la propuesta fue presentada ante el Congreso de la República en noviembre del año pasado, las reformas que el presidente Otto Pérez Molina impulsa no concuerdan del todo con lo que la CSJ “necesita”, pues refieren que la experiencia en la magistratura, hacen a los togados los más aptos para impulsar las reformas.

En reiteradas ocasiones, Aldana, en representación de los magistrados, ha manifestado que lo que el mandatario propone no se apega a la realidad de las carencias del sector justicia y por eso envió dos cartas al gobernante en las cuales le explica que no comparten la propuesta elaborada por el grupo técnico de la Presidencia.
En el documento, los magistrados concluyen: “Se estima, no obstante las coincidencias existentes entre estos altos poderes, que la nueva propuesta no proyecta las modificaciones necesarias para mejorar las condiciones de justicia, motivo por el que, en bien de nuestra Nación, la CSJ se ve impedida de brindarles su incondicional beneplácito”.
Las principales discrepancias son que el Ejecutivo sustituye con la integración del Consejo de la Carrera Judicial, al presidente del Consejo Superior del OJ por el presidente del OJ, por lo que advierten de que se discute con la jerarquía de normas.
Otro aspecto importante es que el porcentaje del presupuesto para la CSJ quede en un 4 por ciento, y no un seis como los magistrados proponen. Los funcionarios de justicia, también rechazan que se reduzca a nueve el número de magistrados de la CSJ y que se limite la posibilidad de reelección a magistrados con 75 años de edad.