Hoy Juan Luis Font en su columna aborda el tema de la corrupción desde una perspectiva muy interesante porque explica que para muchos políticos únicamente se incurre en ese vicio cuando se hurtan los dineros del Estado en forma directa, pero que todo lo demás, es decir, toda forma de enriquecimiento que se hace mediante negocios con empresarios particulares, se considera un acto de astucia que justifican como algo totalmente normal y que no tiene nada de malo.

Habla Juan Luis de cómo desde las campañas electorales ya se establece ese vínculo perverso con financistas que entregan su dinero a los candidatos para que hagan con esos recursos lo que quieran. Igual los pueden invertir en la campaña o usarlos para acrecentar su patrimonio, porque ese no es problema para el financista. Lo que al final de cuentas les importa es garantizarse que podrán seguir haciendo negocios con el Estado bajo la premisa de que la calidad no importa y el precio menos.

Precisamente por ello es que yo insisto en que el delito de tráfico de influencias tiene que ser debidamente tipificado en la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, porque constituye uno de los peores cánceres que sufre nuestra sociedad carcomida hasta el tuétano con las metástasis de la corrupción. No me sorprende en absoluto la tenaz oposición de los más sinvergüenzas para que sea debidamente tipificado el delito, porque saben que se estarían poniendo la soga al cuello, ni la actitud de los diputados que se resisten a aprobar ese cuerpo legal, porque no les conviene que haya un instrumento que permita al Estado deducir la responsabilidad tanto a los políticos, a los funcionarios y a los empleados públicos, como a su contraparte en el sector privado que son los que mantienen ese sistema de podredumbre en el que muchos se enriquecen gracias a la impunidad, a las carencias de un Estado incapaz de fiscalizar adecuadamente el uso de sus recursos.

Muchos políticos consideran que fue corrupción la que se cometió en tiempos de Portillo cuando el Ministro de Gobernación se clavó parte del dinero de su presupuesto y lo pasaron a cuentas particulares o cuando de los fondos del Ministerio de la Defensa se sustrajeron millones argumentando que eran gastos militares secretos para enriquecer a muchos funcionarios. Y por supuesto que eso es corrupción, pero no es distinta a la que se comete cuando se enajenan bienes públicos a precio de quemazón o cuando simplemente se contratan mamarrachos de obra a precios elevados para que entre los contratistas y los funcionarios se partan la vaca. Lo que se puede robar del erario público metiendo la mano en las gavetas donde está el dinero es como robarse un vuelto en comparación con lo que se puede robar mediante negocios sofisticados como el de la enajenación de los bienes nacionales. Imposible cuantificar lo que significó la venta de la telefónica, de las empresas de generación y distribución eléctrica o las operaciones portuarias, pero sin duda que es inmensamente mayor el producto de esa corrupción que el del cajonazo burdo.

Hay áreas de la actividad económica en la que está todo controlado por cabecillas que determinan el ritmo de las operaciones. En algunos sectores hasta se han dado el lujo de hacer un salomónico reparto de las cuotas para que nadie alegue, para que todos estén medianamente contentos y así se reparten el dinero del Estado en negocios que parecen lícitos, pero que están plagados de podredumbre.

El problema es mucho más grave de lo que parece, porque al final de cuentas no es un vicio propio de la clase política ni de la burocracia. Es un vicio de una sociedad que se acostumbró a convivir con la corrupción y en donde son muchos los que toman parte del juego y muchos más los que comen ansias por entrar al mismo.