En su columna de ayer, Francisco Cáceres Barrios abordó un tema que siempre he considerado fundamental porque constituye uno de los problemas que por cotidianos se han convertido ya en parte de la vida de cientos de miles de guatemaltecos. Nunca nuestro país ha dispuesto de un servicio eficiente de transporte público y al paso que vamos cada día estamos más lejos de poder tenerlo, puesto que para resolver el problema hace falta visión y planificación, características que no tienen nuestras autoridades ni locales ni nacionales.

De hecho, el problema ya escapa de la jurisdicción municipal, puesto que la ausencia de un Distrito Metropolitano significa que la capital de la República haya desbordado el municipio y abarque, con sus problemas, a los municipios circunvecinos y aún a algunos que no están en directa vecindad con el de Guatemala. Bien dice Paco que los buses rojos, el famoso negocio que se hizo hace algunos años, son hoy en día un permanente recuerdo del fracaso constante en la búsqueda de soluciones al problema, advirtiendo que ya el Transurbano va por la misma ruta y que el Transmetro empieza a dar signos de deficiencia.
 
 El problema fundamental es que no se ha querido entender la estructura del servicio público de transporte colectivo y seguimos con la mentalidad de cuando en los años 20 don Roque Rosito creó la primera línea de camionetas. En otras palabras, seguimos con la administración, si es que así se le puede llamar a ese desmadre, privada del sistema de buses que, carente de regulación alguna, hace lo que le viene en gana, sobre todo luego de que empezaron a plantearse como pieza importante del juego electoral con el aporte de unidades para movilizar votantes, lo que les dio patente de corso para hacer lo que les venga en gana.
 
 Los empresarios de transporte no son realmente empresarios sino son una muestra de por qué en ciertas áreas lo público funciona mucho mejor que lo privado. La mayoría de las grandes urbes del mundo tienen sistemas municipales o estatales de transporte público que funcionan a las mil maravillas y donde los usuarios se pueden desplazar con seguridad, velocidad y eficiencia sin tener que soportar el comportamiento abusivo de los conductores. Así funciona el sistema en muchos lugares de Europa y en prácticamente todas las ciudades importantes de los países desarrollados, puesto que se trata de un servicio que requiere mucha planificación, materia en la que generalmente el empresario común no invierte mucho porque prefiere obtener sus utilidades en el corto plazo.
 
 Yo creo que planificación económica tendría que hacer una evaluación del impacto económico y social que tiene para un país como el nuestro la existencia de un ineficiente, inseguro y deprimente sistema de transporte público, tanto urbano como extraurbano. Algunos dirán que con una empresa estatal de transporte se abre otra veta para que los políticos roben, pero difícilmente puedan robar más de lo que se roban ahora con el subsidio que se reparte mañosamente y sin control. Recordemos que la partida para el subsidio prácticamente la manejan los empresarios que forman parte de la asociación a su sabor y antojo.
 
 Resolver el problema del transporte debiera ser una prioridad para las autoridades nacionales porque desperdiciamos mucho recurso y tiempo por la ausencia de un sistema eficiente. Eso demandaría romper los pactos que se hicieron con los transportistas durante la campaña y darle cara vuelta a la forma en que se maneja el concepto, para invertir en un modelo moderno de mayor eficiencia. Si tan sólo se destinara el monto del subsidio a la creación de ese modelo, en pocos años tendríamos pagada la inversión que hace falta y los ciudadanos tendríamos alternativa para desplazarnos.