El ejercicio democrático ha podido destacar que muchos problemas que todavía se resienten devienen de una larga historia y que a pesar de reconocer que todavía existen grandes dificultades para impulsar determinadas políticas públicas, o bien ante la carencia de una articulada política pública, todavía se persista en caminar el mismo sendero, en donde se ha demostrado que únicamente lleva a la conflictividad social.
La política pública en relación a los recursos extractivos como la minería y la generación de energía hidráulica descansa fundamentalmente en consolidar un modelo de desarrollo basado en la concesión de los recursos naturales a la iniciativa privada, como una forma de asegurar una mejor gestión y eficiencia. Sin embargo, la concreción de esta premisa, fue el entreguismo total de dichos recursos, con una regalía indigna, bajo una ley que hizo caso omiso de los pueblos originarios y de las comunidades ubicadas en las zonas de exploración y explotación.
Por otra parte, la presión de los grupos económicos, consolidó dicho planteamiento, pero haciendo uso reiterado de la aplicación del marco jurídico vigente y que debía privilegiar el Estado de Derecho. Sin embargo, hoy todos sabemos que ni el planteamiento original, ni el indigno entreguismo, ni la represión contra manifestantes fundamentada en estados de excepción –que descansan en una ley contrainsurgente–, han detenido las movilizaciones sociales de poblaciones.
Ante esta situación es conveniente detenerse a pensar, antes de persistir en los mismos errores, los mismos instrumentos y los mismos resultados: Estados de excepción locales, represión y detención de pobladores, y aun muertes que todavía no se han podido explicar y se pretenden ocultar en la impunidad. Los procesos sociales de cambio y las formas de gobernar han trascendido al concepto de gobernanza como una forma de hacer gobierno con el apoyo de los diferentes actores sociales, pero no únicamente aquellos que siempre han sido beneficiados de la gestión del Estado –militares, políticos y empresarios–, sino buscando el bien común.
Pareciera que cuesta entender por parte de los gobernantes, que resulta imprescindible el diálogo entre gobierno, desarrolladoras de energía hidráulica, empresas mineras, concejos municipales y población local, pues de otra forma, se persistirá en una argucia que está completamente desprestigiada y que conlleva graves riesgos para la paz social.
Pareciera también que para los dirigentes empresariales y sus diferentes plumas, no pueden salir de su discurso circular y su manida fijación con el famoso Estado de Derecho, lo que significa, aplicar la ley a los manifestantes, meterlos presos; y así seguir sin pensar que ello no nos lleva más que a mayor conflictividad social, así como a propiciar enormes injusticias.
Pareciera también que es necesario ampliar el pensamiento de los activistas del medio ambiente en sus posiciones rígidas, es conveniente hacer ver a los pobladores con honestidad de los beneficios y desventajas que puede significar para ellos una obra de cualquier tipo, principalmente en el caso de las minas y las hidroeléctricas. Pero también debe consolidarse una base institucional del Estado que no se escondan irresponsablemente como las actuales autoridades de CONAP y MARN y que únicamente actúan dóciles y obedientes, pretendiendo con ello pasar el agua sin mojarse, eso no es serio, así como resulta inmoral e indigno.
Pareciera que no se pretende ensayar cualquier otro mecanismo orientado a abrir espacios de discusión, de debate, de reflexión y de acuerdos, cuando los signos de la democracia y el tiempo concitan a la discusión, el diálogo para arribar a un mejor arreglo, que continuar presionando con la bota y el fusil por delante. El desarrollo económico requiere también del desarrollo social y con más razón del desarrollo sostenible, y estos esfuerzos no son incompatibles y para ello se debe hablar del Estado de Derecho, pero democrático, igual para todos. Persistir en la misma actitud, es irresponsable y seguirá siendo una grave equivocación.