El Estado de Guatemala ha establecido un compromiso como nación para lograr que aquellas circunstancias que motivan acciones tendientes a establecer marcos de corrupción, no sólo sean sancionadas, sino además prevenidas con mecanismos claros, propios de una sociedad cansada de este terrible mal que aqueja a todo el país.
La corriente mundial sobre el tema de transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción ha sido objeto de gran análisis, especialmente en cuanto a los efectos que causa perder esa lucha. La corrupción ha sido denominada el mal del nuevo siglo, pero en realidad estas circunstancias tienen una historia sumamente antigua, pero anteriormente se miraba como un aspecto propio del poder político de los Estados (reyes y dictadores), pero se invisibilizaba especialmente porque los detentadores de ese poder, no podían ser expuestos o derrocados. Hoy en día, esas circunstancias han cambiado y el ejercicio democrático ha permitido que ese mal de tanta historia atrás, pueda ser evidenciado e inclusive sancionado, siempre y cuando exista un verdadero compromiso hacia ello, no solo de la sociedad sino de las autoridades que la rigen.
Por ello es que es tan importante que nuestros legisladores aprueben normas que encaminen a facilitar la labor de una sociedad y de un Estado en búsqueda de mejores condiciones de su población. Es el fin más importante de cualquier servidor público y además, de cualquier ciudadano que se jacte de buscar la felicidad y la paz en su país. Guatemala cuenta con múltiples compromisos adquiridos sobre estos temas, desde la Organización de Naciones Unidas; y especialmente en cuanto a nuestra competencia regional, la Organización de Estados Americanos, y su propio mecanismo de verificación que se sigue en todo el continente.
Este mecanismo, implementado efectivamente (quizá de los pocos) por la OEA, ha logrado que existan compromisos trascendentales para mejorar los principios de transparencia y lucha contra la corrupción en países tan poderosos como Estados Unidos y Canadá, pero al mismo tiempo buscando mejorar la capacidad instalada de combate a este flagelo en países tan pequeños, económica y políticamente hablando, como el propio guatemalteco. El MESISIC, como se le conoce, le pasa revista a todo Estado y perfila un informe que llega a manos de inversionistas, operadores internacionales y organizaciones no gubernamentales que trabajan en dar a conocer los avances o retrocesos en esta materia. Guatemala es parte del MESISIC, al haber ratificado la Convención Americana de la materia, y por ello es necesario dotar a este mecanismo conformado por todos los representantes de estos Estados, y al propio Estado guatemalteco, de herramientas que le permitan llegar a esos niveles de confiabilidad que merecen que mejore el desarrollo económico del país, y con ese impulso, el desarrollo integral de toda la población.
El compromiso está establecido. Los legisladores deberán aprobar las normas que puedan dar coercitividad a las acciones de corrupción; el Ejecutivo y sus múltiples órganos ejecutarán la medida o bien denunciarán a aquellos que no lo hagan; y finalmente, el Judicial, enfocará toda su carga profesional en castigar a aquellos que dentro de una sociedad no deseen mejorar integralmente a su país. Y dentro de todo ello, la sociedad (academia, prensa, movimientos sociales, empresarios, políticos y cualquier otro grupo de incidencia nacional) deberá cumplir con un doble rol: ser responsable en su comportamiento en sus distintas acciones y velar porque el Estado en su conjunto, también cumpla con ese deber que mantendrá mejores incidencias de progreso para nuestro país.