En los últimos días, todos los medios de comunicación han dado cuenta de la gran cantidad de solicitudes de enmienda que entraron a la Secretaría del Congreso de la República con la finalidad de modificar, sustituir o agregar artículos a la Ley Contra la Corrupción o Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. En cualquier país civilizado, estaríamos discutiendo el contenido de las mismas y su necesidad de aprobarlas o no.
Sin embargo, en Guatemala no podemos llegar a darnos ese lujo, y es que la ley Orgánica del Legislativo es muy abierta y poco clara en cuanto al procedimiento de enmienda de una iniciativa durante su discusión por artículos, y ello ha permitido que las solicitudes de enmienda en cuestión fueran presentadas en su mayoría, de forma anónima, con firmas ilegibles y sin la más mínima intención de identificar al o los diputados ponentes.
Estas firmas que han sido llamadas garabatos y que incluso en las redes sociales han sido comparadas con firmas de mono, han provocado un nuevo impasse en la aprobación final de la mencionada ley. Y es que no existe un procedimiento claro para la presentación de enmiendas que indique lo que se puede o no se puede hacer con documentos que contengan las mencionadas características.
Para cualquier persona con dos dedos de frente, lo lógico sería desechar un documento anónimo en una instancia tan importante, especialmente cuando se trata de un asunto tan importante para el país. Pero nuestros legisladores no lo han hecho así, más bien se han tomado de esta situación para alargar más el proceso de aprobación de una ley que todos sabemos podría afectar a quienes entre ellos, sean corruptos.
Cuando la aprobación de la ley quedó en un impasse y se conoció que habían muchas solicitudes de enmienda, el diputado Amílcar Pop, en un esfuerzo para generar consensos sobre aquellas enmiendas que fortalecerían la ley y evitar que el Pleno conociera otras irrelevantes o incluso peligrosas, pidió la conformación de una comisión especial que pudiera conocer el fondo y la forma de las solicitudes y luego de algún trabajo de revisión y posterior cabildeo, evitar que el Pleno tuviera que conocerlas todas, retardando más la aprobación final de la ley.
Se espera que en el transcurso de la semana quede aclarada la cuestión relativa a la ilegibilidad de las firmas y la falta de identificación de los diputados ponentes y que pueda entrarse a conocer el fondo únicamente de las que alguno o varios diputados se hagan responsables. Esto permitirá que la aprobación por artículos y aprobación final de la Ley Contra la Corrupción o Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, regrese al Pleno y pueda ser una realidad únicamente con las enmiendas necesarias para fortalecerla y hacerla más clara.
Esta batalla por la transparencia que ha durado ya muchos años y se ha recrudecido en las últimas semanas, está por dar un giro que como ciudadano espero sea hacia el lado positivo. Todos los ciudadanos debemos seguir informándonos sobre lo que sucede en torno a esta ley y a la actividad del Legislativo en general, así como participar activamente y en la medida de nuestras posibilidades, para que nuestros representantes dejen de darle vueltas y vueltas a los asuntos, y trabajen cumpliendo sus funciones y atribuciones de forma responsable. Esto último podremos lograrlo organizados y unidos, haciendo un frente común en contra de la impunidad y la corrupción.