Entre los guatemaltecos a los que guardo especial estima se encuentra el economista Edgar Guerra, quien desde hace varios lustros se ha erigido en defensor de usuarios del transporte público urbano y extraurbano en su calidad de Presidente de la asociación respectiva, y por cumplir con esas funciones ha sido objeto de amenazas, intimidaciones y burlas; pero no ceja en su valioso empeño.
Después de realizar labores de cabildeo en los organismos Ejecutivo y Legislativo, y desarrollar intensa labor de convencimiento mediático, puede estar satisfecho porque con su tenaz contribución, finalmente se publicó el acuerdo gubernativo mediante el cual obliga a utilizarse tecnología en los autobuses extraurbanos, específicamente el sistema prepago y la instalación de cámaras GPS (por sus siglas en inglés), que persigue regular el servicio de transporte público.
Durante una breve conversación, Edgar me planteó la problemática que afrontan más de seis millones de pasajeros, muchos de los cuales sufren de abusos de parte de numerosos empresarios, pilotos y ayudantes de autobuses (yo enfatizo que no son todos, pero sí los de la mayoría de camionetas denominadas “canasteras”), tales como el cobro de tarifas ilegales, maltratos verbales y agresiones físicas.
Esos choferes detienen la marcha de sus vehículos en cualquier sitio, se desplazan a velocidades exageradas, prácticamente echan de la pista asfáltica a automóviles, rebasan en curvas, sobrecargan las unidades y corrompen a empleados del ramo y a agentes policiales.
Con el sistema prepago se garantizaría el cobro de tarifas autorizadas, que en los autobuses conduzcan el número permitido de pasajeros y se evitarían los excesos mencionados, toda vez que mediante el sistema GPS se generarían multas de manera directa sin la intervención de los 23 (¡¿?!) inspectores de la Dirección General de Transportes.
Guatemala está atrasada por lo menos dos décadas en lo que concierne a la modernización del transporte –enfatiza Guerra-, y de ahí que este servicio es arcaico y artesanalmente desarrollado intencionalmente y en beneficio de los porteadores, a quienes de nuevo se les exoneró de pagos de multas, por más de Q9 millones, lo que resulta un subsidio, mientras que el servicio es deficiente y peligroso para los usuarios, que se evidencia fácilmente con los frecuentes accidentes provocados por pilotos que conducen raudamente o en estado de ebriedad, choferes sin licencia o inexpertos menores de edad, o porque las unidades tienen desperfectos mecánicos, incluyendo neumáticos desgastados.
Naturalmente que algunos transportistas se oponen a la vigencia de la nueva normativa, amenazando con paros del servicio, bloqueos en la red vial y con incrementos de tarifas, pese a que ellos mismos serían beneficiados al prevenirse atracos en las carreteras.
El licenciado Guerra se dedica a defender derechos e intereses de los usuarios de transporte colectivo y a velar por el eficiente uso de los subsidios a los transportistas del servicio urbano; a promover la cultura de la denuncia de los usuarios para obligar a las autoridades competentes a que se les preste un servicio digno; a facilitar información a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones como pasajeros, y a presentar propuestas creativas para resolver los problemas que enfrentan diariamente millones de pasajeros.
(El pasajero Romualdo Tishudo le dice al neófito piloto de camioneta: -¡No! La línea en blanco en medio de la carretera no es para que allí circulen ciclistas y motoristas).