Los sinónimos de la palabra impunidad son: abuso, arbitrariedad, despotismo, ilegalidad, exceso y libertinaje. La definición por su parte es la falta de castigo. Si la impunidad fuera una condición “democrática”, es decir que a todos por igual, por nuestros abusos o arbitrariedades, se nos perdonara la aplicación de la sanción o el castigo correspondiente, entonces viviríamos en una sociedad sin reglas que acatar. Eso no es así, evidentemente la impunidad es para unos y el castigo lo es para otros.

El “espíritu” de la mayoría de las leyes que regulan el desenvolvimiento en colectivo son categóricas en cuanto a las condiciones que hacen susceptible la imposición de una sanción (o castigo) por su inobservancia, o por la “ilegalidad” de los actos que pudiéramos cometer. Entonces por qué en Guatemala, se produce tan reiteradamente la falta de castigo. ¿Por qué se afirma que hay una impunidad del orden del 95 o peor aún del 99% en nuestro país? ¿Será que estamos tan acostumbrados a desenvolvernos al margen de las regulaciones, a ignorar las leyes?

El tema se torna complejo en extremo, pues por una parte se apela a lucha contra la corrupción y nadie públicamente dirá que está en contra, pero por otro lado, cuando se trata de “ahorrarnos” tiempo, todos estamos dispuestos a burlar el orden que pueda estar establecido y “obtener” el privilegio de “adelantarnos” en nuestras propias diligencias. Es decir, nuestra cultura se ha desenvuelto en medio de una convivencia con el actuar impune que se ha generalizado. Por ello, por ejemplo, antes se privilegiaba el denominado “buen” nombre, que pudiéramos heredarle a nuestros hijos. Ahora parece que este valor ha sido substituido por un ostentoso legado monetario. En razón de ello, algunos no tienen empacho alguno al indicar que estar en ciertas posiciones del ámbito público (en donde es más generalizado pero no exclusivo pues también en el ámbito privado se producen arbitrariedades), les ha llegado el momento de llenar sus bolsillos de cualquier cantidad de recursos mal habidos. Y como al final no habrá “mano” de la justicia que les dé alcance, la impunidad prevalece.

Me llama la atención la manera en la que se ha producido un desgaste pronunciado en el ejercicio de la función pública de nuestras actuales autoridades. La cantidad de descontento, frustración y hastío por parte de cada vez más personas que se expresan en los “blogs” ha tenido un crecimiento vertiginoso. El rechazo se extiende entre cada vez más población. La triste identificación que se está caracterizando al señalar de manera categórica la inclinación empresarial del gobierno, no ha hecho sino agudizar un abismo entre lo que va a acontecer y lo que ya está aconteciendo en materia de pago de “favores”. El despotismo se está enseñoreando.

No se está produciendo una mejora generalizada de las condiciones de vida. Por el contrario el valor de la casta básica se está disparando más allá de la precaria capacidad adquisitiva del salario. Este fenómeno de empobrecimiento generalizado de la población conllevará severas implicaciones que aumentarán la conflictividad social más allá de los focos identificados alrededor de los recursos naturales. Más allá, mucho más allá de los 1,600 contabilizados ayer. No se trata únicamente de señalar a actores políticos como los gestores del descontento. Se harían un bien y nos harían un bien a todos, al reflexionar adecuadamente sobre las consecuencias del proceder de la administración pública orientada a satisfacer a un sector en particular dejando de lado importantes segmentos poblacionales. Se hace imperativo que desde la perspectiva de los gobernantes se pueda escuchar con detenimiento lo que se está diciendo desde el lado de los gobernados. El tema del combate a la impunidad empieza por nuestras actitudes cotidianas ante ella. Y tales actos dicen más, mucho más que cientos de discursos.