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La crisis económica y la masiva manifestación independentista en Barcelona del 11 de septiembre han enrarecido el ambiente entre el gobierno central de Madrid, demasiado pendiente de atajar la crisis, y las autoridades catalanas, que reclaman más autogobierno y, llegado el caso, un Estado propio.

Aunque de momento, nadie ha planteado formalmente un escenario separatista y la amenaza de ruptura parece bastante lejana, teniendo en cuenta que no hay un marco legal que la permita y que todas las encuestas evidencian que más del 50% de los catalanes no votarían a favor de la independencia.

Mas y el presidente español Mariano Rajoy se reunieron durante dos horas en Madrid para abordar el reclamo catalán, que básicamente exige una Hacienda propia para recaudar y gestionar sus propios impuestos.

La respuesta de Rajoy fue un no rotundo tal y como se esperaba, al considerar que no es compatible con la constitución. De las 17 regiones de España, sólo el País Vasco y Navarra administran sus impuestos, mientras que las 15 restantes, como Cataluña, aportan su recaudación tributaria a un fondo común que posteriormente se reparte solidariamente entre ellas para financiarse.

En una multitudinaria rueda de prensa, el mandatario catalán consideró que la soberanía fiscal es un punto de no retorno y advirtió que la región iniciará un debate para decidir su proyecto de futuro a partir de la próxima semana, en la que está programado un debate de política general en el Parlamento catalán.

Aunque en todo momento evitó mencionar la palabra independencia, Mas subrayó que no se puede negar el sentimiento de «nación» de la sociedad catalana.

«Tomemos la decisión que tomemos, lo haremos dentro de un marco europeo. No son rupturas, son evoluciones», dijo Mas. «Se ha perdido una oportunidad histórica en el entendimiento entre Cataluña y el resto de España», agregó.

Rajoy no ofreció una valoración en rueda de prensa, tal y como suele hacer en entrevistas con presidentes autonómicos, pero el gobierno emitió un comunicado en el que instó a las autoridades catalanas a no añadir «más complicaciones» en un momento de tribulaciones económicas, con el país al borde de un rescate, la economía en recesión y el desempleo casi en el 25%.

En ese sentido, recordó que Cataluña impulsó en 2009 el modelo de financiación de las regiones actualmente vigente y que cualquier otra propuesta que cuestione la constitución «sólo puede ser decidida por el conjunto del pueblo español».

Al mismo tiempo, el gobierno dijo que Cataluña recibirá este año 11 mil millones de euros (14 mil 240 millones de dólares) de asistencia financiera por parte del Estado central, entre ellos 5 mil 023 millones (6 mil 300 millones de dólares) que solicitó en agosto para pagar facturas y vencimientos en los próximos meses ante una acuciante falta de liquidez.

Cataluña atraviesa un momento muy delicado económicamente. Es la más endeudada de las 17 comunidades autónomas del país ibérico. Su volumen de deuda supone casi el 30% de los 145 mil millones de euros (181 mil 950 millones de dólares) que debían el conjunto de las 17 comunidades en el primer trimestre del 2012, según las últimas cifras del Banco de España.

«La gravísima crisis actual se superará desde la corresponsabilidad y la cohesión, nunca desde la división o la inestabilidad institucional», afirmó el gobierno.

Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, es una de las regiones de España con mayor sentimiento nacionalista de pertenencia a un territorio propio. Posee un idioma autóctono, el catalán, y goza de un amplio autogobierno.

La constitución le reconoce un estatus de territorio histórico, pero no se contempla su eventual salida del Estado español. A pesar de manifestaciones como la de hace una semana, las encuestas evidencian que más del 50% de la población catalana no votarían a favor de la independencia.