Guatemala es un país caracterizado por problemas que tienen raíces sólidas e interminables, lamentablemente, estas raíces no se refieren a la identidad nacional, mucho menos a la cultura del país, menos aún a un Estado fuerte y eficiente, ni mucho menos a partidos políticos estructurados como instituciones políticas.
Sin embargo, si contamos con enormes, pesadas y profundas colas enquistadas en el ámbito de la corrupción. Digamos que esta situación no compete únicamente a los gobiernos democráticos, sino al contrario deviene de una historia política lejana, que se consolidó cuando los gobiernos militares ejercieron el poder y se heredó a los nuevos partidos políticos democráticos.
En este perverso círculo vicioso de la corrupción, participan muchos actores. No se circunscribe a los funcionarios de gobierno, sino entran en una mutua componenda los diputados del Congreso de la República y los Alcaldes y sus Consejos municipales, con la intervención directa de las élites empresariales, quienes intermedian con gobernantes para contratos, para decisiones, para dejar de intervenir; con los diputados para que pasen determinadas iniciativas de ley o para que otras cambien en sustancia y en otras oportunidades para dejarlas empantanadas, engavetadas y luego para el olvido.
En la actualidad, la tristemente célebre iniciativa de Ley de Enriquecimiento Ilícito o denominada Ley Anticorrupción, constituye una muestra palpable de la resistencia que producen cambios sustantivos en el ejercicio del poder, pues esta iniciativa se ha rezagado utilizando cualquier artificio o táctica dilatoria, en donde las propuestas de cambio o modificaciones, no cuentan con el diputado responsable de haberlas planteado. Incluso el principal partido de oposición salió con una argucia, que solo buscaba empantanar la iniciativa, aunque ellos digan lo contrario.
Este es un momento crucial en la historia del país, es imperiosa la necesidad de emitir y poner en vigencia dicha iniciativa de ley, si la misma estuviese vigente, tengan por seguro que no sólo el actual Alcalde de La Antigua estuviera en la cárcel, sino un montón de jefes edilicios y sus concejos, así como otros personajes que se pintan como inmaculados y que se pintan como honorables empresarios que participan en la vida política del país, sacrificando sus empresas, pero la verdad es que se han atorado de fondos de una forma totalmente ilícita.
Ojalá que esta investigación realizada en las cuentas del Alcalde antigüeño, puedan llevarse a otras corporaciones y alcaldes, así como a antiguos y nuevos funcionarios para demostrar que cuando se quiere buscar transparencia y pelear contra la impunidad, se pueden hacer las cosas. Lo triste en este nuevo paso para romper con la opacidad y la inmoralidad, se nota la ausencia total de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, lo que muestra también tristemente que la corrupción ha llegado a esta institución y se ha quedado ahí por muchos años y ahí pervive y se hace cómplice de diferentes autoridades y gestiones gubernamentales.
Seguramente la posibilidad de promulgar la ley que conlleva el levantamiento del secreto bancario, sumado a la anticorrupción, conllevaría a crear un entente que permitiría cambiar drásticamente las relaciones de poder en el país, pues se romperían con auténticas formas de comportamiento criminal, se rompería con la pertinaz resistencia de los grupos de presión y todo ello contribuiría a un mejor ambiente para modernizar nuestra economía; por supuesto que en este ámbito falta la promulgación de la ley de Competencia, pero también orientada a romper con atavismos mercantilistas y recreando una economía de mercado de auténtica competencia y no caracterizada por mercados imperfectos; todo ello además, cambiaría la configuración y compromiso de los partidos políticos hacia un trabajo más auténtico con las necesidades del país y no buscando ampliar sus malhabidas fortunas y llevaría a una forma distinta de conducción gubernamental, en donde emergerían ciudadanos decentes, profesionales auténticos y gente comprometida con la nación y no únicamente buscando su enriquecimiento ilícito.