El año pasado, el beisbolista Ryan Braun, de los Cerveceros de Milwaukee, ganó el premio al Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), por la Liga Nacional. Semanas después, pasó de lo sublime a lo ridículo, porque se dio a conocer que una prueba suya de dopaje resultó positiva, con altos niveles de testosterona, lo que implicaba una suspensión de 50 partidos.

Sin embargo, logró evitar el castigo, interponiendo un recurso contra el procedimiento de la toma de la muestra.

 ¡Ojo!, él nunca demostró su presunta inocencia, y truncó el proceso que esclarecería todo. Este año, Braun ha jugado mejor que en el 2011, pero es casi imposible que vuelva a ganar el MVP, por las dudas que dejó la posibilidad de estar dopado y que él nunca esclareció.

Es cierto, se libró del castigo, pero no de la sombra de que hizo algo indebido.

En forma similar, en Guatemala, Alejandro Giammattei logró desligarse del llamado Caso Pavón, porque alegó anomalías en el proceso. ¡Ojo!, no demostró su inocencia (que constitucionalmente está reconocida), y aunque el acta en el sistema de justicia diga que “no es culpable”, la opinión pública lo ve con un gran signo de interrogación. Y qué más que observar los resultados de las anteriores elecciones presidenciales, ya que después de haber alcanzado un tercer lugar en el 2007 con el 17% de los votos, pasó a quedar en el penúltimo puesto con poco más del 1% de los sufragios. Un mal final para alguien que se proyectaba para disputar la segunda vuelta.

Ambos casos coinciden en que lograron evadir la justicia (ya sea para demostrar su inocencia, o culpabilidad). Lamentablemente, los procesos judiciales parecen haberse metido en un callejón sin salida, por considerar que la justicia es simplemente el respeto del “Debido Proceso” (así en mayúsculas, según los abogados).

El mal llamado “Debido Proceso” es simplemente un derecho constitucional, garantías mínimas de que una persona tiene para poder defenderse. Sin embargo, hoy día parece que el “Debido Proceso” fuera más importante que la justicia misma.

El “Debido Proceso” se encuentra presente desde la cláusula 39 de la Carta Magna de Inglaterra, sancionada por el Rey Juan I en 1215. Representaba la garantía de que una persona acusada tendría las oportunidades para poder defenderse.

Sin embargo, hoy día vemos a alcaldes, militares, exfuncionarios y otras figuras de poder, que se quejan de que no se les respeta el “Debido Proceso”, y chillan como si esto fuera injusto. Pero, en realidad, tienen la oportunidad de defenderse. Lo que pasa es que sus abogados interponen infinitos recursos, amparos y otras artimañas para detener el proceso, y al no ser aceptados por jueces, se quejan como si esto fuera una grave injusticia.

Esta semana, el abogado del expresidente Serrano Elías presentó varios recursos ante juez, para que se desista de sus procesos judiciales; incluso, llegó a apelar a la Ley de Reconciliación Nacional, como si hubiera participado en la guerra.

El grave problema es que todos estos recursos siempre van en contra del proceso. Se aprovecha de cualquier pretexto para truncar el fluir de la justicia. Desde una falta de ortografía hasta la ausencia de un sello en los documentos.

Y los jueces se han conformado con ser simples tramitadores, que determinan si el proceso ha respetado las reglas, o no. Pero casi nunca se dan a la tarea de impartir justicia.

Antes era un poco más fácil. Cuando el Rey (o figura central de poder) atendía audiencias de justicia, el agraviado y el acusado asistían juntos y presentaban su caso. Idealmente, tendrían la oportunidad de mostrar las pruebas y de contar cada uno su versión. Entonces, el Rey decidía qué era lo más justo, según su criterio, y así decidía. Y así se ejecutaba. Claro está, que esto podría ser bastante arbitrario. Sin embargo, en ese sistema, en realidad se estaba sopesando la justicia, no el “Debido Proceso”.

Actualmente, sería imposible que una figura central decidiera, y para ello es necesario que la tarea se distribuya en miles de personas para conocer cada caso. Pero la población cada vez está más harta de ver que la justicia nunca llega, y que todo se bloquee apelando el “Debido Proceso”.

Es sintomático observar, por ejemplo, que en Tactic, los pobladores impidieron el ingreso de cualquier figura de autoridad cuando linchaban a un presunto asesino de dos niños. Es evidente que la gente está cansada de ese laberinto judicial que es mal llamado “Debido Proceso”, y que está deseosa de obtener justicia.

Otro ejemplo que podría llamar la atención, es el programa de televisión “Caso Cerrado”, el cual está por cumplir veinte años de transmisión. Aunque presenta casos que evidentemente son dramatizaciones, su éxito se basa a que la gente observa casos que se arreglan rápidamente. Y, a pesar de todo, se respeta el “Debido Proceso” porque las partes tienen la oportunidad de defenderse. Yo detesto ese programa, pero comprendo las razones por las cuales a los televidentes les gusta tanto, sobre todo entre los estratos que nunca van a recibir justicia por parte de un juez.