El objeto de conocer las propuestas de reforma es obvio, es lograr socializarlas y alcanzar mayor consenso ciudadano antes de someterlas a consideración de  la comisión de asuntos electorales del Congreso de la República  y que el pleno del parlamento prevea el riesgo que implica actuar ignorando la voluntad ciudadana representada por algunos sectores de la sociedad civil y entidades como las universidades Rafael Landívar y San Carlos que han trabajado en ese tema con el fin de facilitar las reformas sugeridas, Los cambios deben hacerse en función de reducir a su mínima expresión las posibilidades de abusos e ilegalidades y que desaparezcan del instrumento legal las lagunas de las cuales tanto dirigentes de partidos políticos como diputados se aprovechan para seguir cometiendo arbitrariedades en detrimento de los intereses ciudadanos y de la nación.  

La transparencia es fundamental en el conocimiento de la ciudadanía, de lo contrario, las reformas a la ley seguirán siendo TORTAS Y PAN PINTADO. No existe razón alguna para seguir retrasando los cambios urgentes que requiere la Ley electoral para legitimar los resultados electorales en el próximo proceso eleccionario. El momento es propicio y adecuado pues no existen las presiones propias de un proceso electoral , por ello el tiempo tampoco puede seguir siendo excusa para no hacerlo porque se continuaría erosionando la credibilidad del guatemalteco en el sistema político el cual tiende a desaparecer y a provocar el clamor popular por una asamblea nacional constituyente, la que en alguna medida podría oxigenar el sistema de partidos políticos y aventurarnos nuevamente a una purga o depuración del actual Congreso nacional.