Los periodos de campaña electoral se convierten en una venta de sueños y se expresan con vehemencia las frases que los votantes quieren escuchar. Sin embargo, cuando un nuevo gobierno asume el control de la administración pública suele encontrar en el aparato estatal público un escenario distinto al que imaginaba, y así la realidad ataja hasta los planes más pulidos y la desilusión vuelve, esperando nuevamente un “ungido” para la Presidencia. Un análisis explica cómo marcha el gobierno del presidente Otto Pérez Molina.

Como presidente cumplió con disminuir el índice de muertes durante los primeros seis meses, aunque parece que empieza a repuntar

Reprobó en el tema de la transparencia, regalías mineras y que los préstamos o emisión de deuda no servirían para pagar deuda

En su discurso de toma de posesión, el 14 de enero de este año, en el Domo de la zona 13, el ahora mandatario dijo, entre otras cosas: “durante la campaña les di mi palabra… y voy a cumplir con mi palabra”.

El plan de gobierno del Partido Patriota contiene cinco ejes con cinco propósitos nacionales concretos y 25 propósitos nacionales, que se desarrollan a lo largo de 74 páginas, que tratan de resumir lo que el mandato del presidente Pérez Molina procurará llevar a cabo en una gestión que traiga “el cambio” a Guatemala.

A continuación, algunas de las áreas más relevantes de la gestión gubernamental de Pérez Molina contrastadas con su grado de avance y sus propuestas en campaña (además del plan de Gobierno), luego de cumplir ocho meses de estar en el Ejecutivo.

SEGURIDAD
El plan del presidente Pérez Molina está orientado en el tema de seguridad, sobre un eje en el que hay medidas de emergencia y estructurales.

Las medidas estructurales, según expuso el entonces candidato en La Hora Política del 18 de mayo del año pasado, están encaminadas a diferentes áreas, entre estas la creación de la Dirección General de la Policía de Investigación Criminal, recientemente aprobada por el Congreso, pero también mejoras a las condiciones laborales y previsionales de la Policía Nacional Civil; situación sobre la que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se ha quejado de que los salarios “son miserables” y generan corrupción dentro de los garantes de la seguridad ciudadana, pero esas necesidades no parecen estar reflejadas en el presupuesto del año 2013, porque será hasta en 2014 cuando se incluyan los resultados de un estudio de revisión administrativa que se hará en esa cartera.

Sobre este eje gira la creación de las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales, catalogado como “el plan emergente de seguridad ciudadana” en la misma edición de La Hora Política, que fueron parte de las primeras acciones que tomó la Presidencia.

Efectivamente, las Fuerzas de Tarea fueron lanzadas en el mes de enero, dos días después de que Pérez Molina asumió el gobierno. Se crearon cinco diferentes para contrarrestar “(cada) uno de los principales flagelos” que agobiaban a los guatemaltecos: sicariato, secuestros, extorsiones, femicidios, robos y asaltos. 

En ese sentido, según reportes de organizaciones de la sociedad civil, el mes menos violento del año ha sido febrero, con 446 muertes violentas; lo que también arroja 59 menos que el mismo mes del año anterior.

De los ocho meses de gobierno, durante seis los homicidios fueron menores que los registrados el año pasado y, aunque en abril la cifra se redujo en 97 respecto del mismo mes de 2011, en junio hubo 54 muertes más que en el mismo mes del año anterior. Lo mismo ocurrió en agosto, pues se registraron 56 homicidios adicionales a los de agosto de 2011.

El gobierno del presidente Pérez Molina tuvo, durante los primeros  ocho meses, una media de 16 muertes por día, cantidad inferior en seis por ciento (o una persona menos) a la reportada en el último año de la administración previa, pues al mismo periodo de 2011, la cantidad media diaria fue de 17 muertes violentas. Sin embargo, otros delitos, como asaltos en buses de servicio público aumentaron en estos meses. Los desmembramientos también han sido recurrentes, con un total de 25 personas hasta el mes de julio, con la mayoría (11) registradas en ese mes.
Por otro lado, se propuso un pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia, que luego se transformó por el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz por el orden lógico que de una cosa lleva a la otra. También se propuso la fundación de la Escuela de Oficiales de la PNC, que ya se realizó el mes pasado.

En general, se puede decir que el Presidente cumplió, durante los primeros meses, esa oferta electoral.

TRANSPARENCIA
En la campaña, el Presidente dijo a La Hora Política del 2 de marzo de 2011, que “la corrupción es uno de los flagelos más graves que afronta la sociedad guatemalteca”. Más adelante, en la misma publicación, en clara alusión al enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, afirmó: “es por ello que el Partido Patriota sabe que el problema –de la corrupción– es de personas, y por lo tanto, los objetivos y las acciones que debe emprender para combatirla, van dirigidas a controlar a esos funcionarios públicos, y a los que corrompen del lado no gubernamental (…) se manifiesta en distintos niveles y esferas de la función pública y privada, en la cual hay un corrupto y un corruptor, y que su éxito radica en la impunidad”.

Para no dejar lugar a dudas, el candidato afirmó después, que la impunidad “es la verdadera razón de por qué existe la corrupción en el país, porque no se ha castigado a los culpables que la han cometido”.

De esa cuenta, tajante, según La Hora Política de la fecha indicada, el entonces candidato expuso: “eso no va pasar en el gobierno encabezado por Pérez Molina (…) habrá CERO tolerancia con la corrupción, pero si se llegara a dar, vamos a cumplir con la ley”. 

Buena parte de las críticas del Presidente hacia el gobierno anterior fue lo que llamó falta de transparencia. Sobre este tópico, el gobierno de Pérez Molina propuso al Congreso de la República, luego de aprobada la reforma fiscal, denominada Actualización Tributaria, un paquete de 11 leyes de transparencia.

Consultado respecto del porqué no se presentaban primero o de forma paralela esas leyes, el Presidente justificó que no se deseaba desviar la atención del Congreso y dar excusas para la aprobación de la reforma fiscal, y que esperaba que con la misma prontitud que la Actualización, se aprobara el referido paquete.

Cuando las iniciativas llegaron al Congreso, las mismas fueron consideradas débiles por la sociedad civil y el mandatario manifestó que todo era susceptible de ser mejorado.

Al día de hoy, ninguna de esas leyes de transparencia ha sido aprobada; pero además, la ley contra el Enriquecimiento Ilícito –que castigaría a corrupto y corruptor– ha sido bloqueada por el oficialismo, rompiendo quórum, presentando mociones privilegiadas para suspender su aprobación por artículo y redacción final.

En entrevista con La Hora sobre los primeros seis meses de gobierno, el 19 de julio de este año, el mandatario coincidió con empresarios en que era necesario redefinir el término “tráfico de influencias”, a pesar, incluso, que su propuesta de gobierno contempla que se castigue a corrupto y corruptor.
 
A lo anterior se le suma el tema de la Empresa Portuaria Quetzal, que el Gobierno cedió en usufructo terrenos de esa entidad a una recién creada empresa privada, pero aunque el Ejecutivo ha defendido el negocio a capa y espada, incluso con la celebración de un foro el 23 de agosto último, expertos jurídicos aseguran que los actuado es ilegal y que todo apunta a que se trata de una concesión que violó los preceptos de ley.

El Presidente, por tanto, ha reprobado en el tema de la transparencia durante los primeros ocho meses de gobierno.

REFORMA FISCAL
El presidente Pérez Molina, cuando ya era el candidato favorito de la población para ganar las elecciones de 2011, previo de la primera vuelta, fue claro al explicar, en un foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala, que sería mentira decir que no se iba a necesitar una reforma fiscal que procurara los ingresos necesarios para sufragar los gastos del Estado, de acuerdo con las necesidades de la sociedad.

Efectivamente, cuando el Gobierno ni siquiera tenía un mes de haber asumido, el Congreso aprobó –con el impulso del oficialismo–, en tiempo récord, la iniciativa de Actualización Tributaria y hasta la Ley denominada Antievasión II, que tenía varios años “engavetada” y que la mayoría de expertos sobre el tema tributario ya daban por “muerta”.

No obstante, el destino de los recursos aún no se ha aclarado y, de acuerdo con la propuesta fiscal del PP, documentada en el suplemento La Hora Política del 16 de marzo del año pasado, “antes de cualquier intento de reforma, –es necesario que– se establezca el destino de los recursos, porque no podemos seguir pidiendo más cheques en blanco”.

Los recursos de la reforma tributaria serán para salud, educación y seguridad, pero no se especifica para qué tipo de programas.
Salvo el tema de la especificación del destino de los recursos, se puede decir que el Presidente cumplió –con la ayuda del Congreso– con el tema de la reforma fiscal y queda pendiente clarificar el uso que se les dará a los fondos.

DEUDA
El ahora mandatario criticó durante su campaña y su discurso de toma de posesión, la forma “irresponsable” en que se habría endeudado al país en la administración anterior.

El lunes 5 de septiembre del año 2011, el Presidente dijo en una entrevista concedida a este medio lo siguiente: “hoy, la deuda vimos cómo creció en un 50 por ciento durante este gobierno, así que vamos a encontrar un grave problema financiero, pero lo vamos a transparentar, lo vamos a poner en orden y vamos a lograr mayor recaudación y vamos a hacer un gran esfuerzo para no seguir endeudando al país, especialmente cuando no vemos la respuesta o no vemos la obra por la cual el país se está endeudando y se ha ido todo en gastos administrativos. Ese esfuerzo lo vamos a hacer, sabemos que va a ser difícil pero tenemos que llegar a poner orden, a poner transparencia, a poner claridad en el manejo de los recursos que este gobierno dejó hecho un desastre.”

El 15 de noviembre del año pasado, el actual ministro de Finanzas, Pavel Centeno, dijo a La Hora: “para pagar la deuda se tiene que programar en el presupuesto, porque lo que ha sucedido es que se contrata deuda para pagar deuda, y eso significa que ya no tenemos los recursos suficientes para honrar nuestros compromisos”.

Para incrementar los ingresos fiscales, Centeno explicó que promovería una reforma fiscal, modernización de la Superintendencia de Administración Tributaria para combatir el contrabando y la defraudación fiscal y que plantearía una estrategia para elevar los ingresos no tributarios.

“Con esos tres componentes nosotros podríamos mejorar los ingresos fiscales y de esa forma ir reduciendo, primero, endeudarnos para pagar deuda y segundo, reducir el endeudamiento público, tanto interno como externo”.

En ese sentido, no se explicó si se refería a reducir la deuda como tal o al ritmo del endeudamiento público, como se dijo recientemente, que pareciera cambio de discurso.

Sin embargo, la actual legislatura ya aprobó cuatro préstamos con la anuencia del Ejecutivo. El primero, por US$29 millones para el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva y otro por US$50 millones para la ejecución del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)”. Uno más por US$35 millones para el Programa de Mejoramiento del Acceso y Calidad de los Servicios de Salud y Nutrición. Los tres con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A estos se suma un préstamo del Banco Mundial por US$32 millones destinado  al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes).

Por aparte, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, dijo a La Hora, el 21 de junio de este año, que se honrarían Q3 mil 500 millones de la deuda flotante heredada. Esta parte de la deuda cumpliría, según Sinibaldi, con todos los requisitos que la ley establece y estaría ejecutada en su totalidad. 

Para ello, el Ministro afirmó: “la deuda que nosotros hemos hablado que se va a honrar, es la deuda que sí se ejecutó y que no tiene problemas (ni) en su proceso de adjudicación ni de ejecución”. Para esto, ya se habrían tenido pláticas con el Ministerio de Finanzas para acordar la forma de pago.

En ese sentido, el presidente Pérez Molina, en entrevista a este medio, dijo el 24 de julio de este año, dijo que “no se puede sencillamente decir que –la deuda flotante– es del gobierno anterior y nosotros no la vamos a pagar. Además, son empresas serias, grandes y que siguen trabajando con el actual gobierno. Así que vamos honrar esa deuda”.

“Ahora, ¿cómo? En el presupuesto no está contemplado. Son Q3 mil 500 millones. En el Ministerio de Finanzas se ha estado buscando la forma de cómo se puede pagar. Se habló ya si se puede con el Banco Mundial y están encontrando un camino que puede ser emisión de Bonos. No tendría por qué cargarse ahora al presupuesto actual y no aumentaría el déficit fiscal”.

Se puede decir que, aunque el Estado necesita recursos, se “vendió” la idea de reducción de la deuda y se cambió por la reducción del ritmo de endeudamiento, que es completamente diferente.

PROGRAMAS SOCIALES
Otra de las principales críticas que se hizo al anterior gobierno, fue la implementación “clientelar” de los programas sociales que se agrupaban en el Consejo de Cohesión Social.

Para este caso, la propuesta de Pérez Molina giró en torno a institucionalizar ese tipo de programas, a través de reunirlos por medio de la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el cual, también fue aprobado en el Congreso de la República al tiempo de la reforma tributaria.

Sobre este particular, la carga de echar andar la maquinaria de una nueva entidad estatal le ha correspondido a la titular de Desarrollo Social, Luz Lainfiesta. El inicio de la ejecución de los programas se pospuso varias veces, debido a que el relanzamiento necesitaba de la depuración de los listados de beneficiarios, para que luego el aporte estatal le llegara a la población que en realidad lo necesita.

Los programas fueron rebautizados con palabras como “seguro”. El cumplimiento en este caso es parcial.

Según el Mides, para “Mi Bolsa Segura”, de 150 mil unidades que tiene como meta entregar este año, se han proporcionado 121 mil 722. Con las transferencias monetarias condicionadas, “Mi Bono Seguro”, antes “Mi Familia Progresa”, se han beneficiado a 34 mil 48 familias, pero no se sabe si existe meta específica.

En “Jóvenes Protagonistas”, anteriormente “Escuelas Abiertas”, hasta el 25 y 26 de agosto pasado, participaban 17 mil 537 jóvenes. Y en los “Comedores Seguros” que se llamaban “Comedores Solidarios”, se han servido 1 millón 838 mil 132 raciones de una meta de 3 millones.

AMBIENTE Y MINERÍA
En Guatemala, aunque existen varias zonas destinadas para áreas protegidas, en algunas incluso se desarrollan proyectos petroleros. Además, en el tema ambiental, el presupuesto de la cartera del ramo es uno de los más pequeños, pues el proyecto de 2013 le asigna Q208.4 millones.

En esta área, el entonces candidato propuso el impulso y apoyo para la aprobación o reforma de leyes de agua potable y saneamiento, minería y aprobación de reglamentos de leyes de protección y mejoramiento del ambiente, áreas protegidas y código de Salud.

Para el aspecto minero, durante la campaña se habló del incremento a las regalías que recibe el Estado de parte de las empresas que explotan recursos no renovables, mediante la modificación a la Ley de Minería.

El entonces candidato Pérez Molina, dijo en un foro organizado por la AGG, el 22 de agosto del año pasado, que el Estado debería obtener “no menos del 40 por ciento” por concepto de regalías mineras. Sin embargo, lo único que se logró, hasta el momento, fue que esas empresas “voluntariamente” pagaran una cantidad mayor a lo que actualmente fija la ley y hasta se realizó un acto público para recibir el “aporte”. La cantidad mayor fue por cinco por ciento “voluntario”.

Recientemente, dentro del paquete de propuesta de reformas constitucionales, el Gobierno incluyó un artículo para participar en el capital accionario de empresas que explotan recursos naturales en el territorio nacional, pero se eliminó de la propuesta bajo la idea de trabajarlo en la nueva Ley de Minería que estaría afinando la respectiva cartera de gobierno.

JUSTICIA
Uno de los elementos que tienen que ver con la consecución de los objetivos en seguridad, es la aplicación de la justica para un ambiente de paz. En este caso, la propuesta de gobierno estimaba que el presupuesto del Organismo Judicial se aumentara de dos por ciento de los ingresos ordinarios del Estado que contempla la Constitución, a un mínimo de ocho por ciento.

Sin embargo, la propuesta de reformas a la Constitución del Organismo Ejecutivo únicamente contempla el incremento hasta un monto no menor del cuatro por ciento de esos ingresos.