La influencia del sector privado en el Ejecutivo y el Congreso de la República ha tomado una fuerza inusitada durante este gobierno, al grado de rebelarse en contra de compromisos internacionales por la transparencia asumidos por Guatemala. Entre tantos casos, vamos a revelar tres emblemáticos:
1. El reciente entrampamiento de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, evidencia que los negocios de Estado son producto del tráfico de influencias en que se transan jugosas mordidas a diputados, antecedidos por cuantiosos honorarios a abogados, auditores y otros lobistas, sin importar el honor del país en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
Es conocido que esta Ley está llamada a castigar la corrupción de funcionarios que se enriquecen del erario público y que su aplicación apoyaría la transparencia de los mercados privados. ¿Cuál es el temor del sector privado para atar a sus diputados en el mismo fango en que la Ley ya lleva 15 años de letargo? ¿Será que los corruptores no quieren verse ante los jueces con aquellos que recibieron el soborno, a sabiendas que el enriquecimiento ilícito es un proceso mutuo y de doble vía? O peor aún, ¿creéis con ello escapar a la condena moral del pueblo como en el reciente affaire de Puerto Quetzal?
Engavetar la Ley anticorrupción pone a Guatemala como país irresponsable y poco serio, ya que desde hace 11 años se asumió ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, el compromiso de incorporar el delito de enriquecimiento ilícito en el Código Penal.
2. Otro compromiso de Guatemala abortado por el Sector Privado aproxima ya los 50 años y es la Ley Aduanera, llamada a sancionar a los infractores del comercio exterior, esto es, a los auxiliares de la función pública aduanera y a los importadores. En este caso se incumple con los gobiernos y pueblos de Centroamérica que en el marco de la Integración Regional, firmaron y pusieron en práctica el Código Aduanero Centroamericano firmado en 1963, cuyo Artículo 47, compromete a todos los Estados signatarios a establecer infracciones y sanciones. Guatemala fue la excepción hasta marzo de este año, en que se emitió la Ley de Actualización Tributaria, pero en virtud de las exoneraciones exigidas por los empresarios y otorgadas por el Presidente de la República, el libro III, Ley Aduanera Nacional, continúa sin cobrar vigencia y es probable que el sector privado ordene a la actual legislatura, sustituirla con una versión que suprime su fuerza sancionatoria.
¿Cuál es el temor del Sector Privado a que se hagan declaraciones aduaneras transparentes, no podemos acaso valorar y facturar como Dios manda?
3. El tercer caso, quizá el más relevante de estos puntos negros, es la Eliminación del Secreto Bancario, que tiene relación con la OCDE. Esta organización ya puso a Guatemala en la lista gris por seguir prácticas financieras perjudiciales propias de los paraísos fiscales. Países europeos como Francia no reconocerían créditos fiscales a inversiones en Guatemala. Prevalecen las dudas sobre las acciones al portador, pero la redacción de los cambios a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, no satisface los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, por considerar que acudir al Juez para que SAT tenga acceso a información bancaria, consolida lagunas y resquicios legales por los cuales seguirían escurriendo los abusos y ocultaciones de dinero sucio, incluida la evasión fiscal.
Enderezar el rumbo para actuar de conformidad con los compromisos internacionales es una condición toral para la imagen y el financiamiento del gobierno actual. Sin ley contra el Enriquecimiento Ilícito, sin Ley Aduanera y sin satisfacer las recomendaciones del GAFI, resulta cuesta arriba ganar confianza internacional e intercambiar información financiera y tributaria con otros países, lo que inhabilita la aplicación de los Precios de Transferencia, contenidos en el Impuesto Sobre la Renta que entrará en vigor el 1 de enero del 2013. Además, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Publico, para efectos de investigación y procesos judiciales en materia de defraudación aduanera, lavado de dinero, de activos y delitos asociados, incluyendo el financiamiento del terrorismo, seguirían sin contar con accesos a información relevante. Por ello es importante recuperar el interés público y actuar en consecuencia.
En la perspectiva global, el temor a la transparencia de un grupo no debe arrastrar a una pérdida de Honor del país, por lo que es importante recuperar la voz del interés público y redoblar el empeño de exigencia a la comunidad internacional para que nuestras autoridades cumplan y enarbolen respuestas efectivas frente a una influencia tan opaca y lesiva a los intereses de todos.