A través de una resolución emitida dentro del expediente 2782-2012, el 31 de agosto, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por la defensa en el caso Bancafé, y confirma que el proceso quedará en manos del juez Décimo del Ramo Penal, Walter Villatoro.

De acuerdo con el expediente, la apelación de la defensa pedía que se revisara y que se revocara la resolución del 15 de mayo de dos mil doce, dictadas por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual otorgó un amparo provisional al Ministerio Público (MP), para que el expediente del caso, regresará del Juzgado Segundo, al Juzgado Décimo del Ramo Penal, con Walter Villatoro.

Según el recurso, los sindicados que lo promovieron,  Leonel Estuardo Hernández Girón, Ariel Estuardo, Camargo Fernández, Jorge Alfredo González Castillo, Manuel Eduardo González Castillo y Francis Frederick Fisher Theriot –tercero interesado–, consideraron que el Tribunal de Amparo actuó con arbitrariedad.

También indicaron que se les causaba un grave daño, pues “nos encontramos privados de libertad, de tal manera que al decretarse el amparo el Tribunal de Amparo ha sido sorprendido por las maniobras de las postulantes para mantenernos encarcelados injustamente”.

En tal sentido, la CC señala en su resolución que dentro del proceso, la suspensión del auto reclamado por los sindicados, procede cuando a juicio del tribunal constitucional, las circunstancias lo hagan aconsejable, igualmente cuando se establezca que se produce alguno de los supuestos que argumentan.

LAS IMPUGNACIONES
El 21 de febrero pasado, la defensa de los sindicados presentó una recusación en contra de Villatoro, quien el 23 de febrero rechazó las causales invocadas y elevó la actuación a la Sala Segunda de Apelaciones.

El 20 de abril, el órgano declaró con lugar la recusación y nombró a Carlos Aguilar, juez Segundo del Ramo Penal, para que continuara con la tramitación del proceso.

No obstante, la Unidad de delitos contra bancos de la  Fiscalía contra al Crimen Organizado, presentó un amparo en la CSJ, considerando que la Sala no fundamentó debidamente la resolución.

Por tal motivo, el 24 de mayo, la CSJ dispuso otorgarlo, y como consecuencia, se dejó en suspenso la resolución del 20 de abril.

Fue en tal sentido que los sindicados mencionados impugnaron los pronunciamientos.

CONTINÚA EN IMPASSE
No obstante el caso continúa en impasse, ya que el pasado 17 de agosto, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, dictó un amparo provisional a favor del Banco de Guatemala, como administrador de los recursos del Fondo para la Protección del Ahorro (Fopa).

En dicha resolución se consigna que a consecuencia de la acción quedaron en suspenso las resoluciones de las audiencias de fechas 12 de julio, 30 de julio y 3 de agosto, todas del año 2012.

En relación a esto, el juez Villatoro le manifestó a los sujetos procesales que no conocería nada del proceso, hasta que se resuelvan todos los recursos pendientes, para así, evitar más atrasos.

Ángel Castro, representante de los afectados, dijo que es mejor así, “como dice el juez”, para que el proceso se depure; también se mostró satisfecho de que la máxima autoridad constitucional, confirme a Villatoro el caso.