En los relatos de la Segunda Guerra Mundial se utilizaba frecuentemente la expresión “cabeza de playa” para referirse al punto de desembarco en territorio enemigo donde se propinaba el primer golpe y se arrancaba con el ataque demoledor para las posiciones fortificadas. En Guatemala, el enemigo es la corrupción y se ha atrincherado de tal manera que resulta inamovible y prácticamente invencible.

Por ello es que la captura del descarado alcalde antigüeño, Adolfo Vivar Marroquín, junto a la red que le ayudaba al saqueo de los fondos públicos, puede y debe considerarse como la cabeza de playa en esta lucha que se libra y tiene que librar contra la corrupción. Es una muestra de que, aunque sea con el apoyo de la CICIG, nuestras autoridades pueden investigar eficientemente el mal uso de los recursos públicos mediante manejos financieros más o menos sofisticados, hasta dar con pruebas que permitan determinar los actos corruptos realizados en el ejercicio del poder. A Vivar se le acabaron los poderosos apoyos que siempre le protegieron y por eso el Ministerio Público arremetió en su contra para contarle las costillas en forma eficiente.

Nadie puede suponer que Vivar es un caso aislado en un país donde las estructuras del latrocinio están profundamente arraigadas; por el contrario, es posiblemente lo más delgado de la pita y por ello se ha roto justamente donde él operaba, pero nos permite confirmar que cuando hay deseo de investigar y voluntad para castigar a los pícaros, se pueden lograr resultados aún dentro de un esquema de impunidad como el que ha caracterizado a nuestro país.

A partir del Caso Vivar debemos emprender una real ofensiva en contra de la corrupción y aún entendiendo que tenemos armas limitadas, que ni siquiera se dispone de leyes que permitan un castigo ejemplar a los sinvergüenzas, por lo menos tiene que haber ese procedimiento de investigación para evidenciar los niveles de podredumbre y la necesidad de que se proceda en contra de los que saquean el erario. De los detenidos en el Caso Vivar la minoría son funcionarios y empleados públicos y la mayoría son particulares que mediante contratos lesivos para el interés de los vecinos de La Antigua, se estaban hartando con el dinero de los contribuyentes, lo que confirma plenamente nuestra afirmación tantas veces reiterada de que para que se produzca corrupción a esos niveles hace falta la cómplice participación de particulares que dirigen empresas que se prestan al chanchullo.

No habrá castigo por enriquecimiento ilícito para Vivar en el caso de que se le condene por los robos que dieron lugar a la investigación, puesto que en el momento en que se cometieron los ilícitos no existía ley alguna que tipificara ese enriquecimiento como delito. Él y sus cómplices tienen mucho que agradecerle a los diputados al Congreso de la República porque gracias a la forma en que han manejado ese proyecto legislativo, se carece de un instrumento legal que permita castigarlos por enriquecerse utilizando los fondos públicos. Las penas que pueden aplicarse serán por otros delitos que, por supuesto, son en realidad menores en comparación con el daño causado y con los montos que se robaron.

Pero los ciudadanos guatemaltecos tenemos que ver en este caso una oportunidad no sólo de castigar a un político sinvergüenza y a sus socios particulares, sino también para entender la necesidad de que presionemos a las autoridades para que en todos los casos agoten las investigaciones como se hizo con éste. Y sobre todo para presionar a los diputados para que aprueben una ley con dientes, que permita castigar no sólo a los miles de Vivares que andan por allí, sino a los muchísimos miles de socios particulares que, como los de este caso, facturan a diestra y siniestra para clavarse el pisto.