La obligación de un Estado democrático es “promover el desarrollo económico de la nación”, ello implica “la defensa del consumidor y usuario en cuanto a la conservación de la calidad de los productos internos y de exportación”. Adicionalmente, “se prohíben los monopolios y privilegios”.

Los tratados de libre comercio como el suscrito entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana establecen que los gobiernos “promoverán condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio”. Similar situación prevé el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, donde se contempló el compromiso de emitir una ley que norme la competencia en un plazo máximo de tres años a partir de la suscripción del acuerdo. Una cosa es lo que se establece en las leyes y otra es la triste realidad en la que los guatemaltecos viven o sobreviven, como lo evidencia la grave situación que afecta a la clase media, pobre y extrema pobreza del país; es decir, al 99% de la población.

Como se puede comprobar, en los últimos 50 años la mayoría de ministros y viceministros de Economía, Finanzas y Agricultura son dirigentes o empleados de las cámaras empresariales agrupadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas y Financieras (Cacif), por ello los únicos protegidos son los miembros de la cúpula empresarial, sus empresas, sus aliados.

Un militar debe esperar cinco años para poder optar al cargo de Presidente de la República, numerosas leyes prohíben que un miembro de un comité ejecutivo o dirigente nacional de un partido pueda optar a muchos cargos, pero ninguna norma dice que los grandes empresarios, los miembros de las juntas directivas patronales o sus empleados de confianza tengan limitación a cargo alguno.

En diferentes medios escritos se ha señalado que hay diputados que responden a las cámaras empresariales, a la supercúpula económica y a sus intereses, ninguno de los mencionados ha pedido derecho de aclaración y respuesta o ha dado informaciones públicas que contradigan el señalamiento, seguramente se sienten orgullosos que así se les señale. Por ello, cuando alguno de ellos, como el Presidente de la Comisión de Economía, el diputado Emmanuel Seidner, manifiesta que el proyecto de Ley de Competencia que presentara el diputado Oliverio García Rodas, el 22 de noviembre de 2011, «prohibirá los monopolios y prácticas anticompetitivas, como fijar precios entre compañías del mismo sector, repartirse mercados o impedir el acceso a nuevos competidores», ni él mismo se lo cree.

Cuántos diputados han presidido la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario en los últimos 10 años y no han concretado nada. Es más, la iniciativa de Ley de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y el Usuario es en el fondo gemela, unida en el corazón, pulmones, estómago y demás con la iniciativa de Competencia; por consiguiente, las iniciativas 43-05 y 44-26 deben unirse y así no jugar al gato y al ratón o al engaño. La organización a crear  no debe depender del Ministerio de Economía sino ser un ente autónomo que busque la libre competencia, la protección al consumidor, evite monopolios, fomente la división del mercado de importaciones e impida las mañas.

Los miembros de la Comisión del Consumidor y el Usuario, integrada por nueve de la Bancada Lider, encabezados por Mario Rivera, dos diputados de la Bancada Une y Juan David Alcázar del Partido Patriota, ponente de la Ley de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y Usuario, tienen la obligación y la posibilidad de demostrar que sí se puede competir, pero también defender al 99% de los guatemaltecos.