Ayer varios analistas coincidieron en que en caso de que sea aprobada la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, la misma será menguada por la falta de dientes y, de manera muy concreta, porque se cederá a la presión empresarial para dejar fuera de sus preceptos a los particulares, sea porque no se les incluye en la definición del tráfico de influencias o porque muy convenientemente se les ofrece a ellos el llamado criterio de oportunidad para que, en caso de ser descubiertos como delincuentes que sobornan a funcionarios, puedan zafar bulto si denuncian al empleado público o funcionario que recibió el dinero.

Sostenemos de manera categórica que la corrupción es siempre un delito de dos vías. Aparte es cuando un funcionario de manera descarada mete la mano al erario para clavarse los fondos, como se hacía tanto con los famosos confidenciales y como se hace aún con ciertas partidas secretas que se usan para el mismo fin. En general, cuando se trata de negocios públicos, el funcionario o empleado lo que hace es ponerse de acuerdo con particulares, contratistas o proveedores, que le pagan una comisión a cambio de la certeza de la adjudicación del contrato o de la compra. En casos cada vez más comunes, además de la garantía de adjudicación se les ofrece la licencia y permiso para que encaramen los precios a donde se les antoje y a que hagan lo que quieran con la calidad del producto o de la construcción que se les encomienda, lo que hace más grave la pérdida para el Estado.

No puede haber un enriquecimiento ilícito de gran envergadura sin la participación de quienes contratan con el Estado o le proveen de bienes. En ese sentido es impensable que se quiera aprobar una ley que exime al particular por completo de cualquier castigo relacionado con la corrupción. Aprobar una ley así es aprobar una ley totalmente sholca, porque no se trabajará para enderezar el curso de la gestión pública y la transparencia, sino simplemente se estará tapando el ojo al macho para que no digan que no tenemos ley contra enriquecimiento ilícito o que los diputados no quieren regular los temas de la transparencia.

No es solo cuestión de formalismos, sino es cuestión de verdadera voluntad del país para transparentar la administración pública y esa voluntad es la que notamos ausente. En principio porque está demostrado que a este gobierno no le interesa y basta ver el negocio del puerto, oscuro y secreto, para demostrar con hechos que la transparencia les vale un gorro. Pero mucho tememos que también a la sociedad le falta voluntad para exigir y demandar lo que realmente necesitamos.

Minutero:
Se ha olvidado la decencia
en aras del pragmatismo;
por eso hablan de transparencia
con el más descarado cinismo