Aunque el Organismo Ejecutivo ha solicitado a la bancada oficial la aprobación del proyecto de ley contra la corrupción, si se aprueba, podría quedar “sin dientes” debido a la cantidad de enmiendas que se le podrían agregar y, sobre todo, porque se promulgaría “para quedar bien”, según analistas.

A criterio de Álvaro Pop, analista político independiente, debería ser “una gran preocupación” que aún no se apruebe la ley contra la corrupción y, tanto el Ejecutivo como los diputados oficialistas “necesitan explicarle a la sociedad guatemalteca qué está sucediendo”,  pues se interpreta divergencia entre las decisiones de la Secretaría General del Partido Patriota –a cargo de Roxana Baldetti- y la Presidencia de la República respecto de las decisiones internas del partido oficial.

El PP tendría diferentes facciones “que están adquiriendo poderes autónomos” como ocurre con las partidos grandes, “que no están permitiendo que el partido oficial adquiera decisiones más colegiadas… más verticales”, agregó Pop.

Aunque el Congreso debe debatir sobre lo que le envía el Ejecutivo, debe aprobar la ley contra la corrupción, que es una exigencia ciudadana, señaló el experto.

Por aparte, Renzo Rosal, analista de la Universidad Rafael Landívar, refirió que existe límite de fondo para la aprobación de la ley, que son intereses que determinan el actuar de los diputados, “que en muchas ocasiones son mayores a los intereses de partido como tal”.

Según indicó, está claro que hay un acuerdo tácito “entre muchos diputados de quitarle muchos dientes, de quitarle mucho al perfil de esta ley”, y hacia eso estarían orientadas las enmiendas, “a debilitarla”, lo que haría “tener una ley para quedar bien”.

Hoy por la tarde se tenía prevista una reunión de diputados del PP con su Secretaria General, en Casa Presidencial.