Eduardo Stein, uno de los miembros del equipo asesor para las reformas constitucionales del presidente Pérez Molina, cuya iniciativa ya fue presentada al Congreso, dijo que la necesidad de modificar la Constitución se debe a que el período en el que fue redactada fue muy concreto, en el que se incluyeron aspectos relativos a derechos de las personas de forma reglamentaria.

Aunque existen países con tradición constitucional de cientos de años y la Constitución nacional tiene tan solo 27, Stein agregó que las comparaciones no se asemejan a la realidad guatemalteca.

Guatemala no se parece en su marco jurídico a Estados Unidos, cuya Constitución es casuística, y la Carta Magna de Guatemala “fue hecha en una época muy concreta, creyendo los constituyentes, que para que no se modificaran aspectos relativos sobre todo a los derechos de la persona, le incluyeron al texto constitucional, una cantidad de aspectos de tipo reglamentario, que normalmente en Europa y Estados Unidos están en leyes específicas o reglamentos”, dijo el asesor.

De esa cuenta, según Stein, la propuesta de reforma busca actualizar el texto, sobre todo, en el tema de fortalecimiento de la justicia y seguridad, separando la parte administrativa de la jurisdiccional, “que es una de las principales fuentes de impunidad en el país”. Es decir, “se busca una justicia más independiente y más transparente”, aseveró.

Por otro lado, se trataría de un esfuerzo de “acercar” a la población a la gente que ha elegido para legislar “transformando el sistema político de forma que la ciudadanía sepa quién los representa en el Congreso y le pueda pedir cuentas”, por lo que se lograría, según expresó, “un sistema político más transparente, más eficaz”. Y, entre otras cosas, reconocer la diversidad de nación que es Guatemala.