En este mes de la Patria estamos siendo bombardeados por una intensa campaña publicitaria en la que se dice que como hace 18 años que no se cambia la Constitución ha llegado la hora de introducirle cambios, argumento que realmente es irresponsable aunque al final se diga que esos cambios son para que el Presidente pueda cumplir con lo que prometió en campaña.

Dieciocho años sin cambio en una Constitución no es cosa del otro mundo y, al contrario, en muchos países las leyes fundamentales permanecen sin modificaciones por muchísimo tiempo porque son un verdadero pacto social. Quiérase o no, la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985, tiene mucho de eso porque la Constituyente que la redactó fue legítimamente electa, cosa que no veíamos desde 1945. Por supuesto que no existe la norma perfecta y todas son susceptibles de ser mejoradas, pero también son susceptibles de ser empeoradas si son objeto de manoseo por sectores o personas que no entienden el significado de un contrato social.
 
  En el caso presente creemos que si algún cambio deberá operarse en la Constitución está en el tema de la administración de la justicia pero no con la forma en que lo planteó la comisión que asesoró a Pérez Molina, sino por otra vía que debería ser objeto de un amplio debate nacional.
 
  En Guatemala, y es justo recordarlo ahora que estamos en el llamado mes de la Patria y de aniversario de nuestra “independencia”, las cosas se han hecho al revés siempre y no para promover el bien común sino los intereses particulares. La independencia misma fue lograda para evadir el pago de impuestos a la Corona española y por eso paramos anexados a México a los pocos días porque a los mal llamados próceres no les atraía la posibilidad de un pueblo libre y soberano.
 
  Y ahora otros que se creen próceres recomiendan al mandatario modificar la Constitución para cimentar privilegios. Creemos que la reforma constitucional es innecesaria y que primero hay que trabajar seriamente en modificar las leyes ordinarias para combatir la corrupción, acabar con los fideicomisos públicos, normar el financiamiento de los partidos políticos, reducir el número de diputados en forma razonable y garantizar el imperio de la ley en el combate contra la impunidad.
 
  Dieciocho años sin cambiar la Constitución no es cosa del otro mundo. Ubico la cambiaba cada vez que se quería reelegir y eso no hacía mejor la Constitución liberal. La eficiencia de las leyes no se mide por el tiempo de vigencia, sino por la forma en que son cumplidas y respetadas. Y en ese sentido, a nuestra Constitución aún le falta madurar.

Minutero:
Sin leyes contra la corrupción 
qué sentido tiene hablar 
de la intención de cambiar 
la actual Constitución