Desde el primer día que el gobierno de Pérez Molina dijo que reformaría la Constitución y por las razones que adujo después, en especial la que las necesitaba para lograr “los cambios que deseaba hacer”, gran número de ciudadanos manifestamos lo innecesario e impráctico hacerlo, por cuanto con reformar o emitir leyes de menor jerarquía era más que suficiente para lograr buenos resultados.

Como claro ejemplo de lo anterior están los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas del 1 al 30 de junio del presente año, lo que trajo como consecuencia hacer denuncias judiciales y emitir sanciones por las pérdidas ocasionadas al erario nacional.

    El gobierno de Pérez Molina ha tenido tiempo de sobra para  cumplir con su promesa de combatir la corrupción gubernamental sin embargo, ¿por qué no exigió la declaración jurada patrimonial tanto a quienes asumieron los nuevos como a los que dejaron los cargos, lo que derivó en que la Contraloría haya tenido que sancionarlos por Q349.9 millones? A todos consta que la Contralora no ha pedido modificar la Constitución. Se ha circunscrito a pedir simplemente los instrumentos  jurídicos para que a través de normas más efectivas, pueda coercitivamente exigir el cumplimiento de las leyes del país y por consiguiente evitar el enriquecimiento ilícito.

    ¿Cuántas veces la ciudadanía ha insistido en la necesidad de ejercer una mayor supervisión en las dependencias públicas y en los elementos que las conforman, tales como en los puertos, en las aduanas, en los puntos fronterizos, en caminos, en la Policía, en Salud Pública y tantas más en donde descaradamente se van a mantener pudriendo las raíces del frondoso árbol de la administración pública mientras no se modifique la Constitución? No, ¡no se oye Padre! Se siguen dando largas a los funcionarios y empleados para que sigan haciendo de las suyas. En nuestras narices están los resultados, pues en el mencionado informe de la Contraloría se indica que en total emitieron Q335 millones en sanciones, formulando, además, los cargos y denuncias penales correspondientes.

    El caso del Ministerio de Cultura y Deportes llora sangre. ¿Quién no sabe que sus dependencias andan literalmente en la lipidia? Sin embargo, la Contraloría fue a detectar que en la compra y pago de bienes y servicios no estaban las evidencias de haberlos recibido y no se habla de unos cuantos centavos, sino de más de millón y medio de quetzales. Sin ir tan lejos, estas son las horas en que no se ha culminado la investigación de la denuncia en que se pagaron más de Q18 millones, en al menos 19 contratos celebrados para el mejoramiento de instalaciones deportivas sin que por ningún lado aparezcan las mejorías en las mismas. Y para ponerle la tapa al pomo ¿el Presidente estará esperando que constitucionalmente se autoricen los fideicomisos, a pesar que la señora Contralora ha dicho que no es posible auditarlos? ¿También necesitan más pruebas?