Altos mandos del Ministerio de Gobernación saben que los criminales recluidos en los centros carcelarios gozan de privilegios –como el uso de teléfonos celulares– que les permiten planificar asesinatos, extorsiones y secuestros, pero hasta ahora no han emprendido acciones que permitan detener sus operaciones; con impunidad total, los detenidos actúan “blindados” por un sistema de presidios derrotado por la supremacía de la mafia, mientras que la sociedad, por su lado, paga con miedo y sangre la permisividad de las autoridades hacia las acciones de los delincuentes.

El 90% de las extorsiones sigue saliendo de las cárceles, dicen autoridades

Según averiguaciones de este medio, la comercialización de un teléfono celular en las cárceles oscila entre Q500 y Q1000

Es un tema que con voluntad se puede y debe resolver por el bien del país y su gente

La “recuperación del control de las cárceles”, según el Gobierno, inició en febrero pasado durante una visita del presidente Otto Pérez Molina al Centro Preventivo de la zona 18, en donde se instaló “un sistema sofisticado que bloquea las señales para evitar extorsiones”.

En esa ocasión, según un reporte oficial, el Presidente “utilizó su teléfono personal para realizar una llamada desde el interior del Preventivo, obteniendo por respuesta el tono de ocupado, comprobando así la efectividad del sistema”.

“…Los bloqueadores se adquirieron a un costo de Q21 millones, monto similar al desembolsado en la administración del expresidente Óscar Berger, aunque Pérez Molina aclaró que el control instalado en ese entonces no funcionó”, refiere un comunicado de Gobierno.

Entonces, Pérez Molina anunció que los bloqueadores serían implementados paulatinamente en los 22 centros carcelarios del país. No obstante, los criminales están ganando el pulso, pues hay indicios del uso de móviles en el Preventivo de la zona 18 y no se ha avanzado en la instalación de nuevos bloqueadores en las demás cárceles del país.

Luis González, director del SP, conversó con La Hora, en relación a la falta de funcionamiento de los bloqueadores de llamadas instalados durante el gobierno de Berger. El funcionario indicó que los avances en la demanda interpuesta contra la empresa Alta Comunicación, S.A., se esperan en la conformación de una comisión especial.

“Ahorita está en una situación donde se quedó de conformar una comisión para evaluar la situación de los bloqueadores y esa situación, lógico, está conformada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio Público (MP), el SP y creo que también están representantes de las empresas telefónicas y de Alta Comunicación; estamos pendientes de que se establezca esa comisión para la evaluación y, lógico, el MP está llevando sus investigaciones”, refiere.

Según González, esa comisión se conformó entre diciembre del año pasado y enero de 2012, mientras tanto esperan que el MP dilucide la situación.

“Si no estoy mal, el problema ha sido que todavía los representantes de las empresas telefónicas no han sido nombrados. Es lo que haría falta para confirmar esa comisión y a nosotros nos interesa que se dilucide, pero mientras tanto nosotros no podemos presionar, sino dejar que los entes jurisdiccionales se encarguen del proceso”, dice el director del SP.

Mientras las autoridades esperan la resolución de este caso, dicen que han utilizado otros mecanismos, a través de las empresas de telefonía móvil, que les apoyan en un plan piloto en la cárcel del Preventivo.

“Le quiero hacer el comentario que ya se hicieron pruebas por parte de las empresas telefónicas en el área de Fraijanes y sí está la intención de hacerlo, la situación es presupuestaria, recuerde que la antena inhibidora del Centro Preventivo fue donada por la Unión Europea (UE) y fue puesta por los técnicos de las telefonías, y en este caso no está contemplado el presupuesto de este año, como para haber contemplado las antenas de inhibición en el área de Fraijanes que nos interesa mucho, también en el área de Canadá”, dice González.

El Director de Presidios asegura que para tratar de controlar la situación de las otras cárceles desde donde se continúan planificando los crímenes de mayor impacto en el país, ha realizado al menos 900 requisas desde que asumió en la dirección general de la institución, las cuales, según él, han dado resultados positivos. No obstante, así como salen, también entran los celulares a las cárceles.

Al ser consultado sobre la corrupción que impera en el SP y los pocos avances que podría permitir la vinculación del crimen entre directores y guardias de esa entidad, refirió confiar en su personal.

“No le puedo decir que no hay malos guardias y sobre eso estamos trabajando, lo que sí le puedo decir es que gracias a Dios del equipo que he venido conformando nadie me ha fallado, y como les decía tienen un 100 por ciento de mi confianza, de ellos depende si se va restando; lógico, el guardia que comete o coadyuva a la comisión de un ilícito a un privado de libertad y es descubierto es sancionado, inclusive, con la pérdida de trabajo y proceso”, dice.

González comenta que trabaja en la promoción de fomento de valores con su personal; en el tema de la infraestructura espera la implementación de las cárceles regionales y portales.

CONEXIONES
José Luis Álvarez Pérez pensaba que el esfuerzo personal y constante era la vía más segura para superarse en la vida; por eso había trabajado durante mucho tiempo en el extenuante oficio de albañil para ahorrar dinero y comprar, con el apoyo de sus familiares, un mototaxi que le permitiría aumentar los ingresos económicos.

Sin embargo, todos sus planes se derrumbaron la semana pasada cuando murió baleado mientras manejaba su vehículo en la zona 21 capitalina; su cadáver se desplomó a escasos metros del mototaxi y su sangre se esparció por el suelo un par de segundos después de ser acribillado por sujetos que se transportaban en motocicletas.

Fuentes policiales determinaron que, previo a su muerte, el joven de 25 años había recibido amenazas de pandilleros, quienes le exigían el pago de una extorsión; José Luis ignoró los mensajes de los delincuentes y finalmente pagó con su vida.

Como muchos otros, ese crimen no fue un acto aislado, sino el resultado de un complejo sistema de operación delincuencial, estima Juan Pablo Ríos, jefe de la Fuerza de Tarea contra Sicariato del Ministerio de Gobernación, quien estudia y trabaja en el combate a las estructuras criminales.

“(Comúnmente) antes de un acto letal –homicidio– hay otros actos criminales no letales, por ejemplo –el cobro–, extorsiones o el robo de vehículos; los temas de extorsiones casi todos están ligados a eso: las muertes violentas derivadas de las pandillas que atacan a la gente que es víctima de la extorsión si no paga”, refiere el entrevistado.

Siempre existen variaciones y matices en los asesinatos, pero el denominador común es el lugar de origen de los planes criminales: las cárceles.

“Definimos un plan estratégico (…) y nos dimos cuenta que las pandillas tienen una forma muy vertical en su estructura orgánica. La punta de la pirámide está detenida y en muchos casos sentenciada, la parte ancha de la pirámide es la que se mantiene libre –cobradores de extorsiones–, mientras que la parte de en medio es la que ocupan los sicarios”, señala el experto.

De esa cuenta, destaca que el cerebro de las operaciones se encuentra tras las rejas: “Lo que sucede es que en ese tipo de estructuras nada se mueve en la parte ancha si la parte aguda de la pirámide no lo concibe, no lo ordena o no lo valida”.

En otras palabras: Lo que se planifica y decide en las cárceles define lo que ocurre en las calles.

EL SONIDO DE LA MUERTE
Mario Bosos, titular de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones, dice que en las cárceles los criminales han utilizado un teléfono celular para extorsionar a decenas de personas, lo cual supone una importante y diaria actividad delictiva en las prisiones.

“La particularidad es que un solo número genera varias llamadas para extorsionar. Nosotros, al hacer el análisis e identificar los números cuestionados, nos damos cuenta que al mes podrían estar saliendo 50 o 75 denuncias –relacionadas– con un solo número. En los seis meses que tenemos nosotros, de las 18 estructuras desarticuladas logramos identificar que los números negociadores estaban a lo interno de los centros carcelarios”, confirma Bosos.

Al reconocer que los crímenes se planifican dentro de las cárceles, Ríos dice que se han identificado casos en los que, mientras el sicario asesina a la víctima, desde la cárcel la “cabeza” de la organización escucha los disparos en su celular. El sonido de la muerte es una forma remota para supervisar que afuera se realice “el trabajo” solicitado.

Ríos explica que esa es la razón por la que ahora se busca desarticular a todas las estructuras criminales y no se les combate de forma individual; se les imputan nuevos delitos a los ya detenidos y  se sindica al grupo que participó en los ilícitos en la calle.

“Anteriormente se buscaba únicamente al sicario que disparaba y que mataba a la persona directamente con su arma. Ahora, no. Ahora es él, más toda la estructura responsable de asociarse para matar; por lo tanto es toda la estructura que se va presa por un asesinato, y aunque ya estén detenidos o condenados, se les vuelve a imputar otro hecho, viendo esto o definiendo esto empezamos a individualizar los casos por su modus operandi”, indica.

La realidad es tan grotesca como las estadísticas. Investigaciones de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones, estima que un 90 por ciento de esos delitos continúan saliendo desde las principales cárceles guatemaltecas: El Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, El Boquerón, El Infiernito y de algunas granjas de cumplimiento de condena, como Pavoncito y de otras que se encuentran en el perímetro de Fraijanes y en Quetzaltenango.

¿CÓMO FUNCIONA?
Para que las estructuras criminales operen desde las cárceles tiene que existir un sistema de comunicación con el exterior, pero no se trata de un complejo aparato clandestino de información, sino de un sencillo “juego” de corrupción y permisividad en el SP.

En primera instancia se permite el ingreso de celulares a las cárceles, evadiendo los supuestos controles del sistema carcelario; la comercialización de un teléfono celular en la cárcel oscila entre Q500 y Q1000, de acuerdo con una investigación de La Hora en el perímetro exterior del Preventivo de la zona 18, que fue sustentada por las informaciones policiales también en otras cárceles.

Los familiares o allegados de los reclusos ingresan los aparatos móviles; el elevado precio supone que se entregarán sobornos a guardias o funcionarios dentro de la prisión, y que el dinero pasa por varias manos para que el celular llegue a su destinatario final.

Para operar sin ser detectados por escuchas telefónicas, los criminales utilizan códigos de comunicación particular; envían mensajes cifrados hacia el exterior a través de letras y números, con órdenes para extorsionar o asesinar, que difícilmente pueden ser comprendidos.

El sistema de comunicación es sencillo, pero funciona favorablemente para los criminales, esencialmente, porque las antenas que debieron bloquear la señal celular no funcionaron y a la fecha, la instalación de nuevas antenas o mecanismos no ha sido una prioridad.  ¿Por qué?

POLÍTICA PENITENCIARIA
El Jefe de la Fuerza de Tarea contra Sicariato opina que es necesario analizar la política penitenciaria actual, que hasta hoy no ha dado resultados.

“Mi recomendación es que analice su política penitenciaria y que entienda que no solo los cargos normativos son suficientes, también necesitan cambios orgánicos que incluso llegan a temas de arquitectura penitenciaria; tal y como está ahorita no sirve, una arquitectura lineal como la del Preventivo es obsoleta y una arquitectura de granjas abiertas como la de Pavón tampoco sirve; tal y como está el crimen actualmente, lo que se necesita es otro tipo de estructura de alta seguridad, como las cárceles de Estados Unidos”, indica.

El entrevistado agrega que un edificio automatizado, programado, podría sustituir el trabajo de los seres humanos y evitar el contacto con los reos.