Las autoridades de Chiquimula investigan los casos de al menos cuatro niñas y adolescentes embarazadas; nuevas líneas en las pesquisas revelaron que podría tratarse de un solo agresor; una pequeña de 11 años se encuentra en estado delicado en el Hospital Modular de la cabecera departamental.
Según información de medios locales, los hallazgos fueron realizados durante un proceso de formación que la División de Intervención en Relaciones Comunitarias, de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó en establecimientos educativos de la localidad; las y los alumnos alertaron a las autoridades sobre la presencia de una niña en estado de gestación.
El padre de la pequeña dijo a los agentes policiales que se trataba de malestares estomacales, sin embargo lograron determinar que se encontraba en el séptimo mes de embarazo; ahora permanece en el citado centro asistencial y su condición es grave, debido al escaso desarrollo de su cuerpo.
El caso es atendido por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nacional (PGN), entidades que han descubierto al menos otros tres casos de niñas y adolescentes embarazadas, entre ellas la hermana de la menor.
Las instituciones encargadas de la investigación lograron la recopilación de información que apunta hacia un solo agresor, quien encara una orden de captura; tanto la PNC, como el MP y la Procuraduría General de la Nación, hicieron un llamado a la población para que denuncie ese tipo de casos, pues usualmente están relacionados con la violencia sexual, el delito menos denunciado.
Los embarazos en niñas y en adolescentes representan un grave problema de salud pública en toda América Latina, el segundo continente, después de África, donde se reportan los más altos índices de niñas madres, afirmó Leonor Calderón, representante en Guatemala del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Según los cifras elaboradas por el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), en el 2011 se reportaron 48 mil partos a nivel nacional, de los cuales 3 mil 96 fueron en niñas de 10 a 14 años.
Calderón aseguró que se trata de una situación alarmante y grave, ya que los embarazos en adolescentes constituyen una violación a los derechos humanos y un delito a perseguir pues son potenciales violaciones sexuales.
NO ES NORMAL, ES VIOLENCIA
Diversas entidades que trabajan a favor de la erradicación del embarazo en niñas y adolescentes demandaron al Estado de Guatemala un abordaje intersectorial e integral de esta problemática social, la que incluya la prevención, identificación, atención, persecución y reparación en los embarazos en menores de 14 años.
Según un comunicado, en los primeros siete meses del 2012 se reportan 22 mil 67 partos atendidos en adolescentes entre los 10 y 19 años, esta cifra representa un 25 por ciento del total de partos atendidos, además se registran 26 muertes maternas en este sector poblacional.
Las entidades exigieron a las autoridades el cumplimiento del marco legal y el desarrollo de políticas públicas que garanticen una educación integral en sexualidad en el sistema educativo nacional, así como la atención en salud sexual y reproductiva específica y diferenciada para adolescentes, que incluya información y acceso a métodos anticonceptivos.
El documento subraya la urgencia de identificar, atender y denunciar todo embarazo en menores de 14 años en todos los servicios públicos y privados a nivel nacional, así como dar protección social a las madres adolescentes y a sus recién nacidos, estrategias que aseguren su incorporación en el sistema educativo, oportunidades laborales, atención psicológica, médica, jurídica y la promoción de espacios que les permitan implementar su plan de vida.
Otra de las demandas al Estado es la investigación y seguimiento penal a los delitos de agresión sexual contra menores de edad e impulsar campañas de comunicación social que informen que el embarazo no es una condición normal en las niñas, es violencia.
La Ley contra la violencia sexual, trata y explotación de personas, en su definición de violencia sexual subraya que este delito siempre se comete cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad, aun cuando no medie violencia física o psicológica, lo que significa que un mil 448 partos atendidos en niñas pueden ser perseguidos penalmente.
Las entidades que firman el comunicado son el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), el Colegio de Médicos y Cirujanos (COLMED) y la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas (AGMM).