Es conocido por todo el mundo que el continente más desigual del mundo es Latinoamérica, dentro de este indicador Guatemala es uno de los países que mayor aportación hace a esta condición tan lacerante. 500 años de república, no han sido suficientes para romper viejos paradigmas mentales cuasi coloniales; estructuras rígidas de privilegios;
Una sujeción del Estado a los intereses económicos y con ello una economía que refleja grandes distorsiones en sus mercados; caracterizados por la informalidad, el contrabando, los mercados imperfectos en donde conviven oligopolios y monopolios, tanto de compra como de venta; así como, una arquitectura institucional de Gobierno, sumamente complaciente a las élites, débil en procesos y recursos humanos y, por demás, insuficiente en resultados y sostenibilidad.
En la actualidad, caminando sobre el segundo año de la segunda década del siglo XXI, todavía se puede observar cómo pensamientos tan tradicionales, no aceptan adentrarse en la dinámica impuesta por la globalización, no sólo en materia de exportaciones de bienes y servicios, sino que ha impuesto condiciones para profundizar la competencia, apuntalar la transparencia y romper con esos privilegios que han ahorcado, el ingreso del país a estados de economías emergentes, que anclan sus raíces en un sector productivo moderno, competitivo y eficiente, para romper con aquél anticuado, lleno de privilegios estatales e ineficiente.
Dentro de estas iniciativas que buscan recrear condiciones diferentes para competir y reconociendo que existen empresarios y liderazgos empresariales que luchan por alcanzar estadios diferentes de modernización, se ha impulsado la emisión de Leyes de Competencia y hoy en Guatemala se discute una propuesta de ley en ese sentido. La misma parte, sin decirlo, de reconocer que efectivamente Guatemala presenta un escenario de mercados imperfectos. Se destacan aquellos mecanismos propios de competencia imperfecta; como la fijación de precios horizontales, concentraciones de empresas, adjudicación horizontal de mercados, establecer precios por debajo del costo marginal, entre las principales. Se establecen sanciones que llegan hasta los Q41 millones y se busca evitar los monopolios y las prácticas de competencia desleal, aunque no menciona los oligopolios. Sin embargo, para hacer efectiva esta ley, se nombra una comisión, se adscribe al Ministerio de Economía y se tienen 3 representantes de gobierno contra 6 del sector privado; ¡¡¡por favor!!!, todo lo que se pretende al citar la problemática de mercados imperfectos, se anula con la forma de implementarla. En Chile existe una Fiscalía Nacional Económica y un Tribunal de Libre Competencia a cargo de este esfuerzo.
En lo relativo a la transparencia, el día de ayer salió un comunicado de un grupo serio y respetable de organizaciones de la sociedad civil llamando a los miembros de nuestro Congreso a que aprueben en forma completa la denominada Ley Anticorrupción, comunicado al cual me uno totalmente. El país no puede seguir hundido en la reiteración de privilegios, opacidad y corrupción; en donde lo que parece hoy es que se pretende reproducir el esquema que ha prevalecido durante años, en donde se “mercantiliza” a los diputados y se profundiza el control de las élites, mientras el país sigue estancado en el pasado. Existen empresarios y liderazgos empresariales que quieren romper con este pasado y buscan competir franca y abiertamente y recreando alternativas de competitividad para insertarse con más éxito en la globalización. Mal hace también el Gobierno al pretender desviar la atención a la Reforma Constitucional, marginando y hasta anulando la promulgación de las leyes por la transparencia. El país merece un mejor futuro, no lo hipotequen diputados, empresarios y Gobierno, es necesario transitar hacia un esquema de competencia, de modernización tecnológica, de gestión empresarial estratégica, de dignas relaciones laborales y de apuntalar condiciones para la competitividad mientras se construye un Estado distinto, acorde a la sociedad que queremos.