El domingo pasado Flacso publicó, en un conocido matutino, el suplemento “Diálogo” número 45, que contiene la investigación realizada por este escribiente y Edgar Pape, titulada: “La caja de Pandora de las Reformas Constitucionales: un análisis de Economía Política.
El documento citado contiene un análisis de la situación final de la propuesta de reformas constitucionales, entregada recientemente al Congreso de la República, y que dará mucho que hablar en las presentes semanas, en virtud de que las altas autoridades del Ejecutivo, y su plataforma político-congresil plantean una rápida aprobación.
Mucho se puede hablar del tema, pero nos salimos de los comentarios tradicionales, relacionados la mayoría de ellos con la óptica de la seguridad y justicia, y más bien el análisis de Economía Política evalúa las pérdidas y ganancias sociales de tales cambios.
Concluimos así que uno de los principales impactos de la actual propuesta de reformas es el Fiscal, en virtud de que las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas han presentado ya un proyecto de presupuesto con un alto monto de Q66 mil millones. Para hacer un ejercicio interesante veamos las dimensiones de las reformas, comparando el presupuesto actual con los nuevos privilegios planteados para ciertos sectores:
En primer lugar llama la atención que los alcaldes y el movimiento edilicio se despachan con la cuchara grande porque actualmente el presupuesto para 2013 les asigna más de Q6,100 millones. Adicionalmente, la Presidencia les ha ofrecido, a cambio de su apoyo político, una aportación constitucional del 11 por ciento de los ingresos ordinarios, elevando el aporte constitucional municipal de Q2,704 millones a Q2,974; es decir, cerca de Q270 millones más.
Le sigue el Organismo Judicial y su burocracia, al cual se ofrece un aporte mínimo del 4 por ciento de los ingresos ordinarios. Actualmente, mediante continuas negociaciones, dicho organismo goza de un presupuesto de Q1 mil millones y un aporte extraordinario de Q250 millones; es decir, tiene asignado para 2013 la suma de Q1,250 millones. Ello es más del doble de su asignación constitucional mínima, que es del 2 por ciento de los ingresos ordinarios.
Podría ser que la intención de las reformas fuera la de asegurar constitucionalmente dicho aporte, sin estar solicitando más. Pero también podría ser que, como se les ha acostumbrado, a que como el aporte constitucional es “mínimo”, la escalada de mayores gastos fuera incentivada por esta nueva dádiva.
En referencia a la Contraloría de Cuentas, la misma tiene asignados para 2013 la cantidad de Q253 millones, mientras que con las nuevas reformas se estaría garantizando, como mínimo, Q270 millones, que representan 1 por ciento de los ingresos ordinarios.
Igual sucede con el Ministerio Público que tiene asignado para 2013 la suma de Q900 millones, asegurándose constitucionalmente por lo menos Q540 millones, trabajando con cifras de 2013.
¿Qué podríamos inferir de lo anterior?: al menos Q300 millones significan un impacto certero de las reformas constitucionales, pero teniendo en cuenta el comportamiento de negociaciones del Organismo Judicial y el Ministerio Público, principalmente, bien podría ser que tales entes provocaran un impacto de más de Q1 mil millones adicionales, teniendo en cuenta su estructura de gastos actual y los mayores aportes que ahora se constitucionalizan.
En tal sentido, las reformas planteadas obligan al “gasto legalizado”, comprimiendo ello recursos para gasto social, emergencias y los planes de gobierno futuros.