La falta de controles sobre el manejo de fondos en las entidades públicas abre las puertas para que en su interior se cometan actos de corrupción, y no se trata solo de instituciones con presupuestos abultados y con presencia a nivel nacional, sino que se da a toda escala, incluyendo a las instancias que parecen menos relevantes. La más reciente víctima sería el Parque Nacional Zoológico La Aurora.

Los mil 200 animales que están en exhibición en el Parque Nacional Zoológico La Aurora no pueden dejar de comer ni un solo día. Un león, por ejemplo, consume 15 libras de carne al día y otros, como los monos, aunque se alimentan con frutas, requieren de una dieta estrictamente balanceada.

Los proyectos tampoco pueden quedarse varados. Ahora la institución trabaja en la construcción de un recinto para pingüinos, el cual albergará 10 aves tropicales de la especie humbolt, diferente a las especies árticas; trabajan en los últimos detalles de la construcción del  acuario, que alojará alrededor de 30 especies de peces y por último, en la creación de un herpetario más grande.

Todo funciona con un presupuesto apretado y extremadamente limitado, pero eso no significa que las cuentas siempre sean transparentes: Las palabras de los analistas al referirse que “la corrupción no mira estructuras” y que está enquistada en todos los aparatos gubernamentales, vuelve a cobrar sentido.

Recientemente se ventiló en los Tribunales de Justicia una causa por supuesta corrupción en La Aurora, a través del desvío de casi Q4 millones de los contados fondos con los que se manejan en ese parque.

Se trata del caso por la supuesta comisión del delito de peculado en forma continuada que investiga la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), que según consta en el expediente, inició con una denuncia que presentó el Sindicato de Trabajadores del Zoológico.

Según la información de la fiscalía, Rosa María Pérez Morales, quien durante nueve años fue administradora del Zoológico La Aurora, María Antonia García Ceballos, extesorera de la entidad y una tercera persona –que aún no ha sido capturada– desviaron dinero de la entidad por medio de simulación de pagos.

LOS HECHOS

Según la acusación del MP, Pérez Morales, quien laboró como administradora general del Parque desde el 25 de noviembre de 1998 hasta el 2 de octubre de 2007, habría actuado en conjunto con García Ceballos, quien fungió como tesorera general y la persona prófuga, para efectuar durante el periodo comprendido de enero de 2006 a finales de 2007 la simulación de pagos a personas ficticias y por servicios que nunca fueron presentados, con lo que sustrajeron o consistieron que se sustrajera un monto de Q2 millones 865 mil 660.69.

La Fiscalía refiere que mediante esas acciones, supuestamente también sustrajeron la cantidad de Q1 millón 83 mil 484.20, lo cual hace un total de Q3 millones 949 mil 144.89; las autoridades señalan que se defraudó al Zoológico y por consiguiente, al Estado de Guatemala.

La acción, según el MP, encuadra los señalamientos en el delito de peculado en forma continuada y para sustentar la imputación cuenta con varios medios de investigación: informes de auditoría practicados por la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), desde la fecha 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007, donde se establece la duplicación de pagos de bienes y servicios no efectuados y una contrarrevisión de la CGC donde se determina la alteración de 175 cheques, entre otros.

SE DEFIENDEN

En la primera declaración, la exadministradora Pérez Morales, dijo que durante el tiempo en que trabajó como administradora del Zoológico nunca firmó cheques ni autorizó pagos y sostuvo que “eso lo hacía la junta directiva”.

“Mi labor era verificar que la gente cumpliera con su horario, que portaran adecuadamente el uniforme, vigilar las dietas junto con el nutricionista, ver las instalaciones, salir a hacer rondas, velar porque los animales estuvieran en buenas condiciones, pero en relación a la falsedad de los cheques no lo sabía, había una auditoría tanto interna como externa, como la Contraloría General de Cuentas”, señaló.

Según la acusación, para desviar el dinero se  hacían pagos a gente “ficticia”; en cuanto a esto, la imputada señaló que “para la gente que trabajaba en jaulas los fines de semana, por orden de la junta directiva, no se les pagaba directamente con su nombre, porque la Contraloría lo indicó, ya que pedían que se les dieran pagos adicionales por el trabajo que hacían los fines de semana, dado esto, la CGCN señaló que era mejor hacer pagos por medio de facturas especiales”.

Sin embargo, el juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal encontró inconsistencias en sus declaraciones, por lo que la exadministradora, al igual que quien fue tesorera de la entidad, fue ligada a proceso por el delito de peculado en forma continuada, pero ambas beneficiadas con el pago de una caución económica de Q250 mil para que recuperaran su libertad condicional.

El proceso se encuentra en etapa de investigación,  por lo que el MP tendrá que comprobar las acusaciones que pesan en contra de las acusadas.

CÓMO AFECTÓ AL ZOOLÓGICO

Actualmente los directivos del Zoológico creen que es importante esclarecer el caso y recuperar el dinero que habría sido defraudado, por lo que la institución se constituyó como querellante adhesivo en el proceso.

“El proceso penal es de suma importancia para nosotros, porque buscamos la forma de recuperar los fondos que nos permitirían invertir en modificaciones al parque”, dice Claudia Salazar, administradora del Zoológico La Aurora desde el 13 de octubre de 2010 hasta la actualidad.

“Tenemos un gasto de luz mensual de casi Q100 mil y ya recibimos la proyección de la Empresa Eléctrica, que proyecta un aumento. Somos pobres y para tener una tarifa social tenemos que tener una comitiva general para concentrar los contadores,  un generador y que nos permitiría tener tarifa de gran consumidor”, dijo la funcionaria, sin embargo, indica que el proyecto se lograría con una inversión de Q800 mil.

“Cuando llegué al parque puedo decir que los ingresos y los egresos estaban relativamente equilibrados, sin embargo, la ausencia del dinero que se perdió no nos ha permitido desarrollar más proyectos a beneficio de los animales”, resaltó.
 
De acuerdo con Salazar, no contar con ese flujo en sus arcas los motiva a impulsar otras razones para que la gente prefiera visitar el Zoológico y recaudar más recursos: “Tenemos que ser creativos para poder generar fondos adicionales a las visitas, por ejemplo mejoramos las condiciones de parqueo y alquilamos a la Universidad del Istmo; esto para poder subsidiar el déficit que por el momento ya está superado”.

La Aurora tiene 87 años de antigüedad; se creó como una entidad de Estado y fue otorgada en administración a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN).

El Zoológico recibe anualmente una subvención de Q3 millones por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); no obstante, su presupuesto es de Q25 millones anuales, por lo que realmente se sostiene con los fondos privativos, es decir, los recursos que allí mismo se generan.

“A través del cobro de tarifas de entrada al Zoológico y parqueo, de las donaciones de particulares y entidades privadas, arrendamientos del área infantil, La Colmena, la Casa del Té y patrocinios, el Parque se ha logrado mantener en pie”, dice Salazar.

En el zoológico no hay un presupuesto fijo asignado, pero sí gastos consolidados,  precisó la administradora, por lo que  indicó que dependen mucho de la economía nacional: “Dependemos de las visitas de las familias, las escuelas, etc., y la afluencia que varía por temporadas, es por eso que tenemos que ser creativos para idear nuevas formas para hacer atractivo el Parque”.

POCOS CONTROLES

En relación a este caso y los que casi a diario se conocen en el país, el analista Renzo Rosal, subrayó que la corrupción no mira tamaños, si las instituciones son grandes o pequeñas, “porque parte de un supuesto importante, que es como tomar control de los recursos públicos y valerse de instituciones más grandes y atractivas e instituciones pequeñas, que tal vez por las actividades que realizan no están en el ente tradicional, igualmente los actos ilícitos tratan de esquivarlos”.

Hay una combinación de tres factores clave que hacen que los fenómenos de corrupción se incrementen según Rosal, por un lado que aunque haya una buena cantidad de leyes que tienen que ver con el tema del control de los recursos públicos, “en general tiene muchos agujeros por donde colarse”.

También refirió que, la segunda variable son las precariedades y debilidades en la institucionalidad pública, pues “hay poca presencia (de fiscalizadores) y controles”.

Y  por último Rosal, enfatizó que las instituciones de control gubernamental, como la Contraloría de Cuentas, son débiles y no cubren la totalidad de la función, y que por lo tanto hay una serie de espacios por donde el fenómeno se incrementa más y mejor.

Esta declaración coincidió con una duda en la actual administradora del Zoológico: ¿por qué si la CGCN visita el parque año con año no reparó en la desviación de fondos que hizo que el Zoológico perdiera los casi Q4 millones? Según Salazar, la extrabajadora de la institución, tendría bastante poder.

Por otro lado, Marvin Flores, director de Transparencia de Acción Ciudadana, lamentó el hecho, ya que aunque no fuera un caso alarmante en el sector Salud o Educación, “es un área donde usualmente el Estado no se hace cargo con recursos propios, sino que dependen de recursos privativos.

“El deporte y la recreación, en este caso las actividades en el Zoológico, también deben estar  sujetos a controles preventivos durante la administración y ejecución de los recursos, pues no puede ser que cuando ya sucedieron los desfalcos se den cuenta y no se pueda hacer mayor cosa para recuperarlos”, concluyó.