En el foro intervino asimismo el Ministro de Gobernación, quien reiteró que en el contrato no existían ilegalidades, aspecto que no es motivo del cuestionamiento. En la parte de justificación jurídica, los planteamientos y explicaciones los realizó como asesor de la Portuaria Quetzal, José Quesada Fernández, exfuncionario de cuestionado recordatorio en su paso como presidente de la Corte Suprema de Justicia y vocal de la misma,

Electo en el gobierno de Álvaro Arzú, quien tiene dentro de sus varios actuares el haberle allanado y convertido en una causa civil y no penal  los abusos e ilegalidades que llevaron al cierre del Banco Empresarial, donde varias conocidas personas como los exministros Marco Tulio Sosa Ramírez y Julio Campos -socios gestores y fundadores de ese banco-, lo llevaron a la pérdida de Q534 millones que se aportaron de los impuestos para evitar que los cuentahabientes y cuentadantes no sufrieran la pérdida de los recursos en ese banco, los cuales hasta hoy no se han recuperado. Esta persona hizo uso de una serie de normas constitucionales y otras leyes, volviendo a evidenciar que lo que se trata es de justificar la legalidad formalmente y no la conveniencia y rentabilidad para Guatemala de este contrato.

Tomó también la palabra, injustificada e inexplicablemente, en este acto oficial un representante de la empresa privada beneficiaria del contrato: “Terminal de Contenedores Quetzal”, supuesta subsidiaria de la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), de nombre Ángel Pérez Maura, sus planteamientos fueron genéricos y universales, mejor no hubiera hablado.

Concluyó en el uso de la palabra el presidente Otto Pérez Molina, quien insistió que la mejora del puerto era necesaria, hecho que nadie ha puesto en duda, lamentablemente evadió y por tanto no pudo justificar que el contrato sea el más adecuado para hacer esa ampliación y que el procedimiento seguido haya sido el más transparente y adecuado para el bien común y prestigio de su gestión.

El acto realizado en el Palacio Nacional, con una representatividad gubernamental tan elevada, implica que el Gobierno está totalmente comprometido en el contrato que la Portuaria Quetzal ha otorgado de forma tan poco transparente, tan poco convincente en el aspecto de su rentabilidad y competitividad; por consiguiente, los mitos y realidades del tema no se despejaron sino por el contrario, se mantuvieron como lo reflejan los editoriales del día siguiente al foro de todos los medios escritos y las noticias en general sobre el tema.

La presencia de la Vicepresidenta en su doble calidad de funcionaria y secretaria general del partido de Gobierno, le da un doble aval político y una corresponsabilidad negativa a lo actuado en el contrato, más grave aún es concluir el acto sin admitir preguntas, todo señala que no cambiarán de criterio, que el usufructo otorgado lo mantendrán, digan lo que digan, hecho que puede ser el equivalente al problema de Guatel en el Gobierno del PAN, al del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Gobierno del FRG (con la diferencia que el Ejecutivo, presidido por el presidente Portillo nunca respaldó lo actuado por la Junta Directiva del IGSS) y la remodelación del Aeropuerto Internacional “La Aurora” en el Gobierno de la Gana.

En conclusión, es necesario y procedente que los asesores y analistas del Gobierno, encargados de la inteligencia, se pregunten si lo actuado valdrá la pena y no es un tremendo error político de “este macho es mi mula”, que deja marcado al Gobierno.
¡Guatemala es primero!