Cuatro agentes serán sancionados porque obligaron a desnudarse a cuatro adolescentes que arrestaron por participar en una manifestación estudiantil, informó ayer el jefe de la policía uniformada, general Gustavo González, quien aseveró que «no tenemos como política desnudar niños».
Los sancionados serán un mayor, dos suboficiales y el comandante Iván Guajardo, jefe de la comisaría de Rancagua, en el sur, a la que pertenecen los involucrados en el hecho que despertó el repudio de vastos sectores de oposición y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Ayer se sumó a las críticas el presidente Sebastián Piñera, quien declaró a un canal de televisión que «me preocupa el tema; no vamos a tolerar ningún exceso, ningún abuso de carabineros (policía uniformada)».
«En el caso de eventuales desnudamientos, lo investigamos y estamos indagando en un caso en Rancagua», agregó.
A pregunta expresa de si se trata de un procedimiento habitual de la policía, González respondió molesto que «nosotros no tenemos como política desnudar niños».
González habló en el Congreso, donde fue citado por la comisión de derechos humanos del Senado para explicar lo sucedido con una decena de alumnos del liceo María Luisa Bombal, de Rancagua, y con otras denuncias de uso excesivo uso de violencia en la represión policial.
Unas horas antes, luego de reunirse con el jefe de la Fiscalía Nacional, Sabás Chaguán, González dijo que las sanciones van desde una simple amonestación a algunos días de arresto en su unidad policial.
«Hubo un problema relacionado con el tema de registro y vestimentas que no estuvo acorde al protocolo que corresponde con menores de edad», añadió.
Una decena de alumnos, incluidos dos menores de edad, fueron desalojados el 20 de agosto de su escuela, la que ocupaban para exigir cambios profundos en la enseñanza secundaria chilena, y conducidos a la comisaría, donde debieron desnudarse y permanecer unas cinco horas detenidos, según denunció el vocero del grupo, Ignacio Muñoz.
El joven añadió que pese al reconocimiento del hecho por parte de la jefatura policial, proseguirán «con las demandas judiciales que vamos a hacer a carabineros, para que haya una explicación más clara».
«Todos los responsables que estuvieron ese día deben responder ante la justicia», dijo Muñoz.
El miércoles se sumaron ocho nuevas denuncias contra el actuar policial, mientras que Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, criticó severamente acciones como la extensión de las detenciones y dijo que hay otras denuncias de «actos de connotación sexual».
Los secundarios han liderado este año las protestas para exigir una educación pública gratuita y de calidad, y que la administración de sus escuelas retorne a las manos estatales. Actualmente dependen de las municipalidades, 345 en total, cuyos ingresos mayoritariamente no son suficientes para sostener buenos colegios.
Durante agosto, los secundarios han protagonizado decenas de ocupaciones de escuelas, de las cuales han sido desalojados, en ocasiones muy violentamente, según han exhibido imágenes de televisión, y en la víspera, apoyados por los universitarios, protagonizaron una marcha que congregó a más de 120.000 adolescentes y jóvenes.