La publicidad oficial resume en cinco objetivos la propuesta de la reforma constitucional elaborada por el gobierno del presidente Pérez Molina. Irrelevante es que hayan pasado 18 años desde el último cambio a la Constitución de la República porque las constituciones no son leyes que se deban estar reformando a cada rato, pero analizar los objetivos es importante.
El primero es “mejorar el sistema de seguridad y justicia” y para ello se modifican normas relacionadas con las fuerzas de seguridad y especialmente con el sistema de justicia del país. En este último caso, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Universidad de San Carlos tienen puntos de vista distintos al del Gobierno y vale la pena comparar las dos propuestas para decidir cuál podría ser más conveniente.
Eso, sin embargo, significa que el debate deberá realizarse en el Congreso de la República, con lo que se confirma la apertura de la caja de Pandora del manoseo de las normas constitucionales.
El otro objetivo es “erradicar la corrupción transparentando la administración pública” y en ese campo todo lo que hay que hacer está por la vía de la legislación ordinaria pero, sobre todas las cosas, se depende de la voluntad política de las autoridades. La legislación actual no promueve el secreto para la enajenación de los bienes del Estado y sin embargo el gobierno que quiere cambiar la Constitución fabricó una normativa ad hoc, con dedicatoria, para enajenar bienes en el Puerto Quetzal. No hay congruencia entre el discurso y la realidad, porque el Gobierno no dio la menor muestra de querer transparentar la administración pública para erradicar la corrupción, sino todo lo contrario. La propaganda siempre tiene que tener respaldo en hechos y obviamente no es el caso.
“Reducir y dejar fijo el número de diputados” es el tercer atractivo que promueven. No es cuestión de número sino de calidad y eso no cambiará hasta que no reformen lo relacionado con el financiamiento de los partidos políticos. Mientras las curules sigan en venta, muchos o pocos diputados harán siempre mucho daño.
“Reconocer oficialmente a nuestra nación como multiétnica, pluricultural y multilingüe”, de conformidad con lo pactado en los acuerdos de paz. Nada que objetar, salvo que no bastan declaraciones líricas para acabar con la discriminación y marginación y así lo entienden los grupos indígenas que no aceptan la propuesta.
Y lo último es el “fortalecimiento del poder local”, aumentando el aporte a las municipalidades pero sin darle a los consejos de desarrollo el papel que les corresponde para planes uniformes y coherentes. El apoyo de los alcaldes se busca para generar votos por el sí en la consulta popular y eso cuesta un uno por ciento más del presupuesto de gastos.
Tal es, brevemente analizada, la propuesta.
Minutero:
Quieren hacerse atractivos
promoviendo la reforma
hablando de cinco objetivos
que no pasan de ser cambio de forma