Ante el anuncio de enmiendas que impulsa el partido oficial, las cuales debilitarían el espíritu de la ley contra el enriquecimiento ilícito, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), sugiere que la redacción se adecúe a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

ATAL está conformado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y la Fundación 20 y 20.

La entidad recordó que Guatemala es signataria desde diciembre del 2003 del tratado internacional contra la corrupción de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por ello proponen que la ley debe ir en esa ruta. “Cada estado signatario podrá adoptar medidas legislativas para tipificar como delito las acciones que configuren como un tráfico indebido de influencias”, resalta el comunicado enviado por ATAL.

En el documento, definen el delito de enriquecimiento ilícito como la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquiera otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abusen de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado.

También establece que la solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en un provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario o la persona abusen de su influencia.

EN AGENDA

En la agenda de la sesión plenaria de hoy figuran tres puntos pendientes de la sesión permanente: 1) Reformas a la ley de Bancos y Grupos Financieros que apoya el Fondo de Protección al Ahorro, 2) ley contra el enriquecimiento ilícito, y 3) ley contra la discriminación racial.

Sin embargo, al cierre de esta edición, los diputados no habían logrado conocer estos temas. La sesión empezó con dos horas de retraso y como primer punto conocieron una moción privilegiada, presentada por Mario Taracena, que buscaba aprobar una ley que regulará la presencia de soldados estadounidenses en el país luego de la decisión del Ejecutivo.

Sin embargo, la moción solo logró el apoyo de nueve diputados y 119 en contra. El razonamiento de los votos ha consumido la mayoría de la sesión al cierre de la edición. En el hemiciclo se registraba la presencia de 126 diputados.