Luis Linares, secretario adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), estimó que de los cinco millones de personas de la Población Económicamente Activa (PEA), solamente un millón están cubiertos por la seguridad social, por lo que el 80% de los trabajadores están sin cobertura.

Linares indica que esos cinco millones de personas de la PEA no necesariamente se encuentran como trabajadores asalariados o en relación de dependencia. Además, indica que solamente el 20 por ciento de la PEA se encuentra cubierto por la seguridad social.

Según el analista, este 80 por ciento que está sin cobertura de la seguridad social, carece también de cualquier protección de leyes y garantías laborales. Entre este sector se ubican tanto personas que se desempeñan en la economía informal, negocios propios, trabajos esporádicos, desempleados, subempleados, como personas que realizan una labor formal, pero sin prestaciones de ley.

El estudio realizado por Asies indica que la existencia de un alto sector informal plantea varios problemas. En primer lugar, el Estado ya no se constituye como un garante de los derechos laborales de los ciudadanos.

Un segundo problema representa la generación de empleo a través de pequeñas y medianas empresas, que se mantienen dentro de la economía informal y optan por no registrarse. Esto, en buena medida, debido a que el proceso de formalización supone también un gasto que trae pocos beneficios.

Según el estudio, todo esto dificulta el proceso de mejoramiento de la calidad de los productos y la tecnificación de la mano de obra, como condiciones para el acceso de mercados internacionales.

PRESENTAN PROYECTO

En consecuencia, Asies presentó esta mañana el proyecto denominado “Diálogo Estratégico sobre Trabajo Decente y Economía Informal”, acompañado de un documento denominado “Insumos a la Agenda Nacional de Trabajo Decente”, cuyo propósito es proporcionar al Ministerio de Trabajo una serie de lineamientos y sugerencias para que pueda cumplir con el compromiso pendiente, así como avanzar en el cumplimiento de los compromisos laborales contenidos en los Acuerdos de Paz, particularmente en el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria.

El objetivo del proyecto es contribuir a fomentar las capacidades de la sociedad civil para el monitoreo y seguimiento a la implementación de políticas públicas destinadas a la formalización del sector informal en el marco del objetivo de trabajo decente.

Se busca que dichas políticas atiendan especialmente los ámbitos de la promoción de derechos laborales y de seguridad social en la creación de empleo.

Según Linares, este proyecto servirá para formular una agenda nacional o un programa nacional de trabajo decente, el cual tiene ocho componentes, entre los cuales destacan, el cumplimiento de la ley laboral, el aumento de la protección y la cobertura de seguridad social, la capacitación para el trabajo, la seguridad y salud, ocupación y el trabajo infantil. De manera que con estos componentes se pueda avanzar en Guatemala a fin de tener una hoja de ruta para generar puestos de trabajo decente. “Serían puestos de trabajo que tendrían una remuneración adecuada, que tengan cobertura de seguridad social, garantías de derechos y diálogo entre trabajadores y empleadores” indica Linares.