No me cansaré de decir que ni loco que estuviera pudiera oponerme a que nuestro país modernice, hiciera más eficiente y rentable el Puerto Quetzal, asegurando que lo mismo piensa la gran mayoría de quienes rechazamos el secretismo de firmar a espaldas de la población el usufructo, concesión o cesión de considerable parte del patrimonio nacional. Debe entonces acabarse con la cantaleta de que todos los que nos oponemos a tan apestoso negocio, porque eso es en el fondo y no otra cosa, seamos miopes, retrógrados o con exclusivo interés político en hacerlo.

Ante tales circunstancias, creo que lo más preocupante es saber ahora sí lo mismo se va a volver a repetir. Si lo que hicieron los expertos asesores gubernamentales se copiará en cualquier otra entidad autónoma o descentralizada del Estado a la hora de vislumbrar otro negocio de similar categoría. Porque vista la barbaridad cometida en el Puerto Quetzal hay que averiguar: ¿se ha diseñado un nuevo procedimiento, método u hoja de ruta para hacer las cosas a su sabor y antojo? Calladita la boca se sustituyó al anterior Interventor pues, ¿tratándose de un nuevo gobierno no era más lógico integrar su Junta Directiva y poner manos a la obra para mejorar su rentabilidad, los servicios que presta y la eficiencia de los mismos?

No, se prefirió escoger a quien conocía a fondo el manejo de la empresa portuaria, pero no para buscar una mejor y honesta administración, sino para eliminar cualquier obstáculo que impidiera suscribir un contrato de tal magnitud, darle la mejor fachada legal a prueba de cualquier crítica, aparte la de los quijotes soñadores porque algún día puedan aplicarse en el gobierno los valores y principios éticos y morales. Aunque algo dejaron en el tapete, que la población nunca va a olvidar el engaño de la prometida transparencia.

De lo ocurrido después, vale la pena resaltar la seguridad con que el Presidente respondió a las críticas diciendo que se revisará el contrato y que si encontraban algo ilegal, le avisaran para enmendarlo. ¿Acaso ha respondido a tantos enjundiosos análisis jurídicos publicados por La Hora? El último acto de la mascarada fue montar un espectáculo la semana pasada en que se llegó a oír lo que el Presidente, colaboradores e interesados en el negocio deseaban expresar, sin el más mínimo tinte de un acto democrático, en el que pueblo pudiera intervenir, mucho menos participar en las directrices del Estado.
  
Al contrario, más pareció un acostumbrado acto de la monarquía o algo todavía peor, uno de aquellos orillados al totalitarismo, en donde los poderes estatales están exclusivamente en manos de un grupo o partido. Volvemos a caer entonces en la eterna incoherencia. Por un lado, se prometió transparencia y honestidad y por el otro, se hace lo contrario con la anuencia de quienes públicamente han estado exigiendo lo primero.