A nivel nacional no ha existido durante el mes de agosto un tema que abarque más primeras planas, más editoriales, más columnas de opinión y más hojas principales en los medios de comunicación que el usufructo y que las autoridades de intervención otorgaran a una sociedad de muy bajo capital y de menos de 90 días de creada, para que sea la usufructuaria de un contrato muy cercano a la concesión para que a través de esa pequeña sociedad una empresa española realice, desarrolle y opere una terminal de contenedores en Puerto Quetzal, durante 25 años renovable por plazo igual a la que se le concede 348 mil 171 metros cuadrados como área exclusiva para descargar, cargar, almacenar y manejar contenedores.

El tema de análisis y crítica no es si el Puerto Quetzal no debe ser mejorado y ampliado, ello no se duda; el cuestionamiento es si la figura jurídica utilizada no fue la consecuencia de todo un entramado jurídico de la Ley Orgánica de la Portuaria y de su reglamento para poder tomar esta decisión sin que hubiera un conocimiento público adecuado y sin tener ofertas de diferentes postores de forma competitiva y con ello adjudicárselo a dedo a una empresa específica de la noche a la mañana.

Nadie ha dicho que pueda ser ilegal, lo que todo el mundo ha dicho es que no fue transparente y que como consecuencia de todo ello la oferta, en base a la cual se adjudicó, no necesariamente es la que más conviene al Puerto y por ser éste un patrimonio nacional, ser esa pignoración en usufructo la más conveniente a los intereses económicos del país.

El tema se ha vuelto tan controvertido y tan cuestionado que el presidente de la República, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, también secretaria general del partido oficial, convocaron en el Palacio Nacional, en el Salón de Recepciones al cuerpo diplomático y a una serie de escogidos personajes de la cúpula empresarial y de algún otro sector a un evento calificado de “Rendición de cuentas” que denominaron “mitos y realidades de la Portuaria Quetzal”, evento en el que hubo seis expositores, el primero era el asesor legal de la Portuaria Quetzal, Fernando Almengor, quien señaló que no existe la capacidad financiera, ni la tecnología adecuada para construir una terminal de contenedores con recursos de la Portuaria Quetzal, uno de los hechos que ha sido cuestionado y refutado por anteriores autoridades de ese puerto que dicen que ya en la época del gobierno de Óscar Berger, las reservas de la Portuaria rondaban los Q700 millones y habían más de siete empresas internacionales interesadas en una inversión en conjunto para desarrollar la empresa en cuestión. Cabe señalar que un asesor legal de la Portuaria no es un experto financiero, ni mucho menos un técnico para abogar en los sentidos que lo hizo.

La segunda persona que intervino fue el Comisionado Presidencial de Competitividad, Juan Carlos Paiz, quien tampoco es un experto en el tema, él se ha desarrollado en el área de panaderías, donde su esposa es condueña de una industria dedicada a esa actividad. El argumento que planteó es que recientemente ha habido buques que han perdido muchas horas antes de ser atendidos en la portuaria por la falta de desarrollo, eso nadie lo está poniendo en duda. Intervinieron, asimismo, el Ministro de Economía, quien como se sabe es un exdirectivo de la Cámara de Industria, de CACIF y de la Junta Monetaria, obviamente fue nombrado Ministro a propuesta de la cúpula empresarial, hecho que no es el motivo de la crítica.
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