Impunidad, impotencia y amenazas armadas, son el común denominador en el caso de una defensora de los derechos humanos colombiana y de dos activistas ecológicos de Guatemala obligados a irse de su país y que reclaman un verdadero compromiso de la comunidad internacional.
«Se ve claramente que no hay un interés por exigirle al gobierno colombiano el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos (…) por parte de la Unión Europea o de Estados Unidos», explicó a la AFP en Madrid Martha Ascuntar, defensora de los derechos humanos en su país, poco antes de que Amnistía Internacional (AI) presentara el miércoles su informe 2007.
Martha sabe de qué habla cuando denuncia amenazas, presiones y actos «terribles» de violación a los derechos humanos. Es oriunda del departamento del Valle del Cauca, donde están presentes los paramilitares de ultraderecha, varios cárteles de la droga y hay una fuerte presencia insurgente en el sur.
«Son los intereses económicos los que están primando» a la hora de no presionar al gobierno de Alvaro Uribe. «Está primando la presencia de transnacionales antes de mirar la situación de la población colombiana y la relación directa entre el gobierno y los crímenes», agrega.
A sus 42 años, esta licenciada en filosofía se encarga de llevar adelante acciones públicas y jurídicas de denuncia de violaciones a los derechos humanos por acciones de la fuerza pública y de los grupos paramilitares.
La persecución sistemática y las amenazas diarias que desde el año 2000 sufrió por parte de los «para» la obligaron a salir de Colombia.
«No hay mucha salida (al conflicto) porque no hay interés para encontrar una solución y para resolver los crímenes de lesa humanidad», dice, pero le queda la esperanza de apostar por «el fortalecimiento de la sociedad civil».
Reconoce que miles de colombianos, fuera y dentro de su país prefieren no hablar de todo esto «porque tienen miedo» y advierte, con cierta ironía, que el objetivo del gobierno colombiano es «provocar cansancio en la sociedad (…) para después hacer borrón y cuenta nueva en un país hermoso».
En un país con uno de los bosques tropicales más importantes del mundo y una reserva de la biosfera maya vivían desde hace 13 años Carlos Albacete y su esposa Piedad, tiroteados en enero pasado a su regreso a Guatemala, donde dirigían la ONG «Trópico Verde».
Su odisea comenzó en el año 2001, cuando sobrevolando el parque nacional Laguna del Tigre (norte), de más de 300.000 hectáreas, vieron que había una casita humilde en un terreno cultivado de una hectárea.
Pero dos años después, vieron enormes incendios y terrenos talados. «Ya no eran campesinos», explicaron a la AFP mientras mostraban las fotografías en las que basaron las denuncias difundidas en la prensa local sobre lo que más tarde serían títulos de propiedad ilegales de miles de hectáreas de ese parque perteneciente al Estado guatemalteco.
«Un año después, habían convertido un bosque tropical en un campo de ganado», relata Carlos antes de pasar a la siguiente fotografía donde sobran las evidencias: 13 avionetas y dos pistas de aterrizaje en un parque nacional cuyo tercio «ya está parcelado» y pertenece a «más de 100 ganaderos», entre los cuales figuran señalados narcotraficantes como Waldemar Lorenzana, según la prensa de Guatemala.
La justicia dictaminó que los títulos de propiedad de al menos 11 fincas eran «falsos», recuerdan Carlos y Piedad antes de narrar cómo el taxi en el que iban a su casa desde el aeropuerto fue tiroteado por individuos vestidos de policías que ni siquiera se cubrieron el rostro.
«Tenemos pruebas para asegurar que hay un comando policial y de inteligencia militar que nos ha hecho seguimiento», denuncian estos dos activistas, que no dudan en calificar de «muy tibia» la reacción de la comunidad internacional ante la «impunidad» reinante en Guatemala.
«En Guatemala está fallando el estado de derecho y ningún gobierno democrático exige nada (…) y esto es una gran impotencia», afirma Carlos, para quien la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), «podría ser tremendamente efectiva para acabar con el crimen organizado».
Pero reconoce que si no se aprueba «antes de las elecciones» presidenciales de septiembre, «será muy difícil después, porque hay candidatos y también diputados vinculados por la prensa con el narcotráfico».