Ayer se realizó el foro “Mitos y Realidades del Puerto Quetzal”, sin que se dilucidara la situación del contrato de usufructo a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).
En el evento se explicó la necesaria modernización de Puerto Quetzal, que compite con los de otros países como México y El Salvador en el ámbito regional, que según el interventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Allan Marroquín, en comunicación reciente, esos puertos también se encuentran en posición geográfica privilegia.
Es decir, que las ventajas estratégicas de Puerto Quetzal, también las tendrían Lázaro Cárdenas, en México y Acajutla, en El Salvador.
Una de las fases de la modernización sería la construcción de una nueva terminal para manejo de contenedores con capital privado.
Sin embargo, y a pesar de que se argumentó que ceder un usufructo de parte de la EPQ a la subsidiaria de TCB en el país es legal, no se aclaró cuáles fueron los fundamentos jurídicos para declarar “suspendido” el contrato, para que en un lapso de 10 días se aclararan las dudas a quienes cuestionan la legitimidad del contrato de usufructo y tampoco si TCQ ya entregó las garantías.
Esta situación -la “suspensión”-, según el abogado Carlos Molina Mencos, es inexistente, porque el contrato solo puede estar vigente, rescindido o extinto.
RESCISIÓN
Por aparte, de acuerdo con el contrato, el usufructo está vigente desde el 11 de julio de 2012 y la única forma de poderlo revertir es rescindiendo el contrato de mutuo acuerdo o bien que TCQ incumpla con la entrega de las garantías.
Sin embargo, según el Interventor, hace unos días solamente se contaría con unas copias de dichas garantías, porque los responsables de entregarlas de parte de TCQ no las habrían presentado por toda la situación que se ha dado alrededor del contrato y porque la EPQ estaba tomada por trabajadores el día que se había programado la entrega.
Según Marroquín, incluso TCQ le habría solicitado la ampliación del plazo para entregar las garantías, que a criterio del Interventor es posible porque tanto el reglamento como el contrato contemplan la ampliación del plazo.
Por aparte, Molina Mencos dijo que el Normativo para el Usufructo y Arrendamiento de Áreas y Locales de Puerto Quetzal establece que el usufructuario debe presentar garantías a favor de EPQ dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, por lo que el documento suscrito con TCQ contravendría la norma, ya que establece que la empresa tenía hasta 30 días calendario para cumplir con ese requisito, e incluso ese plazo ya venció.
Marroquín argumentó que el contrato cobra vigencia a partir de la entrega de la tierra usufructuada, que no se ha realizado porque el gobierno no tuvo capacidad de hacer la entrega porque estaba tomada la EPQ.
Se intentó obtener respuesta precisa a estas interrogantes de parte del Interventor, pero no respondió las preguntas de este medio informativo que incluso Marroquín pidió se enviaran vía correo electrónico.