Ayer el Gobierno convocó a distintos sectores para asistir a un peculiar encuentro en el que se dio la versión oficial del negocio de Puerto Quetzal con la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona y su filial guatemalteca, Terminal de Contenedores Quetzal. No era un foro ni mucho menos un espacio para aclarar dudas, como se dijo inicialmente, sino que el Gobierno sentó a los invitados para que escucharan sus argumentos sin preguntar, chistar o cuestionar, y para que al salir dijeran Amén.

Efectivamente, como era de esperar, hay sectores que aceptaron como válido el argumento toral del Gobierno, centrado en la tesis de que es urgente realizar la ampliación del puerto y que, careciendo de recursos propios para expandir las operaciones portuarias con eficiencia, negociaron con una firma española con experiencia en el ramo. Para esas personas el tema no es cómo se hizo el negocio ni, mucho menos, su transparencia, sino que en forma muy pragmática ven la necesidad de ampliar el puerto y aceptan que se haga a como dé lugar por aquello de que el fin justifica los medios.
 
 Tres gobiernos han intentado la modernización del puerto, dijo el Presidente, y todos han fracasado al punto de que se corre el riesgo de que Puerto Quetzal quede con una mala calificación que lo degrade como terminal. Ningún guatemalteco consciente puede querer que eso ocurra, pero allá aquellos que aceptan que para lograr el objetivo estratégico y de interés nacional, se hagan las cosas en fraude de ley. Nosotros no podemos aceptar ese procedimiento porque creemos que la grandeza de la Nación y la esperanza de la sociedad están en cimentar un auténtico estado de derecho en todo el sentido de la palabra. Estamos agobiados por el desborde de problemas, pero si nos dejamos seducir por la tentación de “resolver” los problemas pasando sobre el ordenamiento legal, caeremos más hondo de lo que ya estamos.
 
 Imaginemos que ante el problema de la violencia pensemos que la limpieza social es la salida. Hay quienes la aplauden y están de acuerdo con la tesis de matar al que parezca delincuente, pero ese no puede ser el camino. Ir al Congreso para que aprueben una concesión es abrir la puerta al chantaje y la extorsión, ciertamente, pero para evitarlo no podemos caer en otro tipo de ilegalidades.
 
 Nos resistimos a decir Amén en esas condiciones y, sabidos de lo que se trataba el evento, se tomó la decisión de que La Hora no asistiera, sobre todo cuando vimos quién era el abogado que contrató el Presidente para que lo defienda en este caso. Por sus obras los conoceréis, dice la frase bíblica, y a eso nos atenemos.

Minutero:
Escogieron el entuerto 
para así ampliar el puerto; 
un proyecto conveniente 
tendrá mancha permanente