Organizaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas de genocidio indican que ante los avances judiciales en casos por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la época del conflicto armado interno,

la defensa técnico legal de los oficiales militares, implicados en estos hechos, ha utilizado la Ley de Reconciliación Nacional como un método de impunidad aun cuando el marco legal no aplica a delitos de genocidio y lesa humanidad como lo indica el artículo 8 de dicha ley.

Según dichas organizaciones el marco legal internacional ratificado por Guatemala señala que los delitos de lesa humanidad no puede aplicarse amnistía alguna.

“De nuevo nos enfrentamos a obstáculos frívolos e improcedentes que solo pretenden retardar los procesos judiciales y ganar tiempo para evitar el avance a la justicia”, señalaron familiares de las víctimas de genocidio.

Además, indicaron que pese a que se le ha otorgado un amparo provisional en el caso de las Dos Erres, a Efraín Ríos Montt, será la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones quien resuelva dicho amparo, ya que los mismos magistrados titulares de dicha sala conocieron ya lo relativo a la amnistía en el caso de las Dos Erres dictando una resolución que es inaplicable dicha ley en este caso.

Asimismo pidieron a los magistrados suplentes de la misma sala quienes conocerán el expediente a tomar en cuenta dicha resolución, así como lo ha indicado la Corte de Constitucionalidad en lo relativo a amparos acumulados.

Que textualmente dice: “del análisis efectuado en las transcripciones anteriores, esta corte advierte que, respecto a lo resuelto por la autoridad impugnada en cuanto al no aplicación de la ley de reconciliación nacional, ello deviene de una orden expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia ha sido reconocida por el Estado de Guatemala y por ende sus fallos son de imperativo cumplimiento”. 

Otro caso según las organizaciones de la estrategia dilatoria de los imputados en los casos del pasado reciente de genocidio contra el pueblo ixil donde se interpuso una cuestión de competencia por declinatoria por medio de la cual se pretende aplicar la ley de reconciliación nacional para obtener amnistía a favor del militar José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Las organizaciones declaran que en este ya se ha declarado sin lugar la misma petición para Rodríguez como para los otros dos imputados, por lo que es evidente que volver interponer esta cuestión es una clara estrategia para dilatar el proceso.

Asimismo exigieron que las autoridades respectivas a actuar apegados a derecho y respetar la legislación nacional e internacional, en especial en materia de Derechos Humanos. “los ojos del mundo entero están atentos al sistema de justicia guatemalteco” aseguraron.