Durante la década de los ochenta, la mayoría de países latinoamericanos se encontraban bajo la égida de dictaduras militares, que no sólo se constituyeron como gobiernos, sino además representaron al propio Estado, empujando un modelo fundamentalmente contrainsurgente, reaccionario en lo ideológico y dispendioso en la gestión pública y que dejaron una cauda impresionante de violaciones de los derechos humanos y que ante el desprestigio internacional y la influencia norteamericana, fueron apremiados, por medios distintos y en momentos diferentes,
A abrir el nuevo modelo democrático, para lo cual convocaron a asambleas constituyentes, configuraron nuevas instituciones para apuntalarla –Corte de Constitucionalidad, Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, en el caso de Guatemala, para mencionar algunas-, el repliegue estratégico, pero no táctico del Ejército, elecciones libres y no fraudulentas y la apertura restringida y cautelada en su primer momento de los partidos políticos.
En ese mismo espacio de tiempo se inició la implementación del modelo monetarista guiado por la figura de Milton Friedman –un insigne economista de la Escuela de Chicago, un icono adverso, pero de la misma talla intelectual que John Maynard Keynes-, para lo cual se plantearon dos esquemas fundamentales: la estabilización y el ajuste. En el primer caso, se buscaba darle direccionalidad a todas las variables macroeconómicas fundamentales buscando su estabilidad y control; mientras que en el caso del ajuste, se buscaba la desregulación para promover la inversión; la desincorporación de activos del Estado y su posterior venta; la reducción de las instituciones de Gobierno; la entrega de la actividad económica en general a la iniciativa privada, entre las principales.
Ambos modelos generaron resultados inmediatos. En el caso de la estabilización, se consiguió que el tipo de cambio funcionara dentro de franjas superiores e inferiores y se permitió una flotación sucia, en cuanto se permitía a la Banca Central su participación en el mercado cambiario, únicamente para efectos de estabilización; se bajaron y estabilizaron las tasas de interés; se redujo drásticamente la inflación; y, se redujeron los déficits fiscales, entre otras.
En el caso del ajuste, también se pudo observar un mayor control de la gestión pública, pues se cerraron instituciones, se vendieron activos, se despidieron personas y se desreguló la supervisión bancaria –en este último caso, los resultados en el mediano plazo mostraron que fue una grave equivocación-. De esta cuenta, se vendió Aviateca, Flomerca, Guatel, la Empresa Eléctrica y se profundizó el esquema de concesión. Todos estas operaciones se hicieron sin una consideración de bien público, sino al contrario los gobernantes actuaron como auténticos gerentes de empresas privadas que administraban un bien o un servicio particular. Los resultados en materia económica son positivos, no necesariamente, en lo social. Pero no se puede ocultar, todos estos procesos fueron caracterizados por la opacidad, el sigilo, las negociaciones cerradas, el uso de testaferros y la aquiescencia de la iniciativa privada. Tampoco se puede negar, todos los gobernantes y funcionarios resolvieron sus problemas económicos para siempre y hoy disfrutan de la tranquilidad de sus fortunas.
Durante este período también se profundizó y expandió el uso de la concesión a empresas privadas de servicios públicos, pero bajo las mismas características apuntadas de nula transparencia y gran negocio. El modelo puede generar buenos resultados, pero profundizar en las negociaciones a puerta cerrada, sin utilizar los mecanismos de licitación y sin permitir el conocimiento ciudadano del usufructo o venta de un bien público y que permita la auditoría social, aunque sean positivos en términos de necesidades de modernización y de plantar infraestructura estratégica para el futuro; dejan muchas dudas. Hoy estas operaciones discurren entre la fatiga y el agotamiento, pero no se sabe si ello es derivado por la densidad oculta o por el desprestigio adquirido.