Por el Legislativo circulan millones de quetzales del presupuesto oficial, pero son muy pocas personas quienes tienen la oportunidad de ver el efectivo, los cheques o las transferencias de los recursos públicos, y aunque se han implementado mecanismos de transparencia tras la pérdida de Q82.8 millones en 2008, aún se manejan fondos con discrecionalidad y sin la posibilidad de fiscalizarlos.
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Aunque han pasado cuatro años desde la pérdida de millones derivados de la inversión de fondos en Mercado de Futuros (MDF), las investigaciones de las autoridades no han logrado establecer dónde se encuentra el dinero, e incluso algunos ven poco probable que logre recuperarse. Desde entonces, las autoridades aseguran que se han emprendido medidas de control para evitar que esto vuelva a ocurrir, pero la transparencia aún es una deuda del Legislativo.
Luis Mijangos, director general del Congreso, explicó que meses después de ese episodio se aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para separar la política parlamentaria y el área administrativa; esta última terminó siendo la responsable del área financiera.
“Pedimos la creación de una cuenta madre en el Banco de Guatemala, ya que antes los recursos eran depositados en los bancos que eligieran (los directivos), con el fin de ganar intereses. Por eso, ahora todos los recursos que se nos asignan mensualmente son depositados en esa cuenta y su utilización depende de la Junta Directiva”, explicó Mijangos.
Mensualmente el Legislativo recibe cerca de Q35 millones de los Q586 millones que tiene asignados para este año. El monto sirve principalmente para el pago de planilla, en el que se erogan cada mes entre Q26 y Q27 millones.
Aparte del pago de planilla, del presupuesto del Congreso se asignan recursos a los bloques legislativos, las comisiones de trabajo y la Junta Directiva, que cuentan con “gastos rotativos”; además se destinan fondos a “servicios no personales”, como agua, energía, transporte, “Materiales y suministros” y “Propiedad, planta, equipo e intangibles”.
En el caso de las agrupaciones, se destinan mil quetzales por cada diputado. A las salas les corresponde Q3 mil. En el caso de los directivos los montos varían. “Se entregan cheques no negociables de manera que haya un responsable; las personas están obligadas a presentar un informe mensual y las facturas correspondientes sobre cómo utilizaron los recursos”, explicó el directivo.
Si bien, se considera acertado que el Congreso haya aprobado reformas a su ley orgánica, Acción Ciudadana (AC) considera que deben desligarse por completo las actividades parlamentarias de las administrativas por parte de la Junta Directiva.
“No hay una total independencia y sigue habiendo una injerencia de la Junta Directiva en temas administrativos, como la contratación de personal, asignación de espacios físicos, viáticos, por lo que es un tema que debe profundizarse”, explicó Marvin Flores, del área de transparencia de AC.
La organización recomienda contar con un código de ética, que no sea solo de buenas intenciones, sino que sea vinculante, sugirió el analista. Actualmente, existe un ofrecimiento del presidente del Congreso, Gudy Rivera, para crear una serie de normas, pero al momento el tema se sigue evaluando.
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA
El analista Christian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, considera que hay avance en políticas de transparencia, sin embargo, sugiere que hay líneas que deben fortalecerse.
Es necesario mejorar en “acceso a la información, fortalecer la página del Congreso, la rendición de cuentas es una herramienta que puede implementarse y podría contribuir a mejorar la percepción de la ciudadanía”, señaló.
En el caso de los fondos rotativos, algunos integrantes de la Junta Directiva, incluido el Presidente del Congreso, no tienen actualizado el detalle de sus gastos y en la Unidad de Acceso a la Información no se ofrece información sobre los ingresos salariales del personal, lo que contraviene a la Ley.
Además de estas políticas, según Castillo, también se requiere de marcos legales como la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, para evitar que los recursos sean utilizados para aumentar el patrimonio, esta aprobación sería una “muestra de buena voluntad” de parte de los legisladores. Al no avanzar en el tema, traería más deslegitimación y sufriría un desgaste que motive a la ciudadanía a pedir la depuración del organismo.
La vicepresidenta de la Junta Directiva, Nineth Montenegro, considera que están impulsando prácticas para mejorar el buen uso de los recursos: “Hay menos contrataciones que otros años, no se han dado gastos superfluos, y seguimos avanzando con las reformas a la ley orgánica para mejorar la situación”, expresó.
Si bien, los entrevistados coinciden que las buenas prácticas evitarán una nueva pérdida de recursos, reconocen que la credibilidad del organismo es un reto, ya que la percepción de la ciudadanía sobre el trabajo parlamentario es cada vez peor, lo que obliga a mejorar una imagen cada vez más desgastada.
DE NEGOCIACIONES DE PRIVILEGIOS”
“La mayoría de actividades son financiadas con fondos de la cooperación internacional”
Amílcar Pop, presidente de la Comisión Legislativa Extraordinaria por la Transparencia, habla sobre la fiscalización de los recursos en el Congreso.
POR ANA GONZÁLEZ
agonzalez@lahora.com.gt
¿Qué lecciones dejó la pérdida de los Q82 millones?
No hubo funcionarios que prestaran elementos de prueba necesarios y por eso no hay avances en la investigación. Hubo un manto de impunidad de los funcionarios para que no se diera la persecución penal. Por eso, como Presidente de la Comisión por la Transparencia, estamos recogiendo todo tipo de información para garantizar que no se pierda la denuncia.
¿Considera que hay suficientes mecanismos de control y transparencia para evitar que esto vuelva a ocurrir?
Para evitar una situación similar es necesaria la voluntad política y la voluntad individual de los funcionarios responsables. Por eso, no tenemos ningún recato en denunciar ante un tribunal la comisión de un delito y creo que eso no se tenía en la legislatura pasada.
¿Algunas entidades sugieren separar totalmente lo legislativo de lo administrativo en la Junta Directiva?
Es una vía, aunque creo que el tema no es quien administra, si es un diputado o no, sino se trata del cumplimiento de la ley. Hay procedimientos que hay que respetar. Si es un gerente, debe respetarlos; si es un diputado, tiene la responsabilidad de hacerlo también.
¿Considera que existe igualdad en la forma cómo se distribuyen los recursos en el Congreso?
Lo veo injusto. Hay una lógica de privilegios para los integrantes de la Junta Directiva y de los bloques mayoritarios. El no tener suficiente apoyo nos limita. Si bien recibimos apoyo para la comisión, nos sirve fundamentalmente para comprar café y galletas; la mayoría de actividades son financiadas con fondos de la cooperación internacional.
¿Hacen falta herramientas legales para transparentar los recursos?
Creo que lo que hace falta es mejorar las condiciones para todos los diputados.
¿Qué opina que el Congreso tenga de ahorros Q115 millones?
Los ahorros son producto de negociaciones de privilegios, aquí viajan con fondos del Congreso los que tienen relación y amistad con la Junta Directiva, y en la medida que no logran el pago de sus compromisos en esa medida van ahorrando.
Tres enfrentarán juicio
Tras la pérdida de Q82 millones del Congreso, fueron varias las personas señaladas de los hechos. Sin embargo, al momento sólo tres personas enfrentarán juicio: El expresidente del Congreso, Eduardo Meyer, el gerente de MDF, Raúl Girón y también el expresidente del Congreso, Rubén Darío Morales. Este enfrentará juicio por lavado de dinero y concusión, al supuestamente haber recibido una comisión de Q600 mil por los Q16 millones, que ordenó invertir en la casa de bolsa.
Sin embargo, también se mencionan otros nombres en el caso: José Benvenuto Conde (prófugo) y Byron Sánchez Corzo. El primero ocupó el cargo de Director Financiero del Legislativo y el segundo, quien fuera secretario privado de Meyer, fue capturado recientemente.
En el caso también se menciona a Jorge Luis Pinillos y Rosa de Pinillos, sindicados de haber recibido Q3 millones de Raúl Girón, y Jorge Estuardo Mansilla Tello.
Marvin Flores
Acción Ciudadana
La Hora solicitará un listado completo de todos los asesores del Congreso de la República, el cual incluya el reglón al que pertenecen, sus sueldos y atribuciones.