La falta de información y la secretividad con la que se realizan negocios sobre los bienes públicos vuelve a relucir, pero esta vez en el Mercado de Artesanías, en la zona 13 capitalina, donde se planea usufructuar el terreno a favor de una Fundación;

A los comerciantes, que trabajan junto con familias artesanas, no se les aclara cuál será su nuevo destino y se mantiene un cerco informativo cuando se intenta indagar sobre el proyecto.

Ana María de Jiménez es arrendataria de los locales A-6 y A-7 del Mercado de Artesanías, en la zona 13; desde hace 38 años llega puntualmente a las diez de la mañana y se retira cuando cae el sol, a las seis de la tarde.

Rodeada de artesanías de diferentes clases, ve con nostalgia un pasado seguro y un futuro lleno de dudas. Sabe que un cambio vendrá, pero no tiene mayor información, al igual que los 53 vendedores que ofrecen en el Mercado sus productos a turistas extranjeros y nacionales.

Según cuenta, fue en julio, por la publicación en un periódico, que se enteró del proyecto de la creación del Museo Maya de América en el lugar que hoy ocupa el mercado; sin embargo, la información no estaba completa y se llenó de incertidumbre. La misma situación la vivieron los demás  comerciantes, quienes buscaron a alguien en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) que les explicara lo que estaba pasando.

Pedro Duchez, director de esa entidad, se entrevistó con los comerciantes y arrojó alguna información. “Nos explicó que era un proyecto de nación, un proyecto grande y que tendríamos que movernos. Nos prometían una ubicación, pero nos dijeron que como todavía no estaba previsto el inicio del mismo, no nos podían dar indicaciones de un lugar exacto”, recuerda De Jiménez.

“Duele porque al final si así será, sacarnos de un lugar donde llevamos tanto tiempo trabajando, es difícil, pero tampoco tenemos 80 millones de dólares para oponernos a un proyecto tan grande”, dijo la entrevistada.

Después de esto, la afectada señaló: “estamos en un impasse, pues no tenemos documentos con información oficial; con las autoridades de Inguat no hay información directa. Cuando se empiezan los rumores, perjudican las instalaciones, muchas personas temen”.

No obstante, señala que le solicitaron al Inguat que en todo momento se respeten los derechos individuales de cada arrendatario, que los ubiquen y que si los trasladan que sean tratados dignamente, “sobre todo porque el cliente que visita el mercado, es la clase pudiente del país, porque la artesanía es un artículo de lujo, no es de primera necesidad”.

Sin embargo, no ve el proyecto de crear un museo como algo negativo, “si es en beneficio aún mayor de lo que hemos tenido, quién se va a oponer a un cambio”. No obstante, esperan de las autoridades honestidad, “que nos digan que el contrato se vence el 31 y que tendremos que buscar otro lugar, por lo menos en noviembre”.

SIN RASTROS
La Hora consultó al Inguat acerca de todo lo referente al proyecto y usufructo del terreno del Mercado de Artesanías; no obstante, tal y como sucedió con los vendedores, adujeron que por la fase en la que se encontraba la propuesta, no había mayor información.

Se remitió un correo a Pablo Duchez, director del Inguat, quien solicitó una prórroga de varias semanas para responder.

La Oficina de Comunicación del Inguat refirió hacia la oficina de Fernando Paiz Andrade, por ser él quien impulsa la creación del museo, y por ser representante de la Fundación Mundo Maya, pero se encontraba de viaje. Se envió un correo electrónico, aunque a la fecha no ha habido respuesta.

También indicaron que el Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Martínez, era quien tramitaba el usufructo; pero al ser consultado indicó que aún no le ha ingresado un expediente al respecto.

En la Procuraduría General de la Nación, Larry Robles confirmó que tampoco tiene información.

LA SECRETIVIDAD
Según la opinión de diferentes sectores, este proyecto es un ejemplo a menor escala sobre la secretividad en el manejo de los contratos y negocios de propiedades estatales, si se le compara con  el usufructo que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) firmó con una empresa de capital español, en donde el “negocio” suscrito por el interventor de la Portuaria, Allan Marroquín, se mantuvo en secreto y los afectados tuvieron que enterarse por sus propios medios.

Sin embargo, aunque las locaciones son distintas y los montos negociados son dispares, ambos casos resultan nocivos para la sociedad porque al manejarse en secreto se abre la puerta a arbitrariedades e ilegalidades, como se ha visto en la portuaria.

El analista político Renzo Rosal dijo que por la precariedad en las instituciones, está claro que Guatemala necesita de los mecanismos de las alianzas público privadas, los mecanismos legales como los usufructos para poder concesionar terrenos e instalaciones y poder llevar a cabo proyectos que el Estado no podría hacer.

No obstante, resaltó que esto será efectivo siempre que se respete y no se manipulen las normas a conveniencia de particulares; son estrategias correctas bajo el reclamo que estos mecanismos sean públicos y conocidos, pero no a costa de escándalos.

En tal sentido, Carlos Molina Mencos, abogado y constitucionalista, indicó que la transparencia no va en contra de ningún acto, sino que, al contrario, justifica la razón de ser de todo acto público, “eso es lo que se necesita, que digan lo que están haciendo”.

“Aunque sean actos honestos, el ocultarlos da una presunción de que hay algo malo, da desconfianza; o hay mala administración o hay una mala proyección y eso puede debilitar muchísimo a un Gobierno; si se van a dar usufructos y arrendamientos, previamente hay que explicar por qué”, dijo enfático.

El Estado es el administrador de los bienes del soberano, que es el pueblo, manifestó Molina Mencos, y subrayó que el Gobierno no puede hacer nada sin consultarle al pueblo, o por lo menos informarle.

De acuerdo con el criterio del constitucionalista, los usufructos sí son objeto de licitación, “lo retrasaría 15 días, el costo es prácticamente nada y no afectaría en absoluto, pero transparentará las negociaciones”, dijo.

Édgar Balsells, exministro de Finanzas, dijo que los usufructos deben iniciar con publicidad, para que todo el mundo lo sepa y la desinformación no genere dudas; según el analista, en estos casos la participación ciudadana tiene que ser prioritaria.

Balsells sugirió que este tipo de situaciones deben regularizarse y que el Congreso de la República debe tener mayor participación en fiscalización y que se utilice a cabalidad la Ley de Contrataciones del Estado, pues uno de los efectos negativos sería que lo que se cobre en usufructos no sea rentable en términos sociales.

A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES
Isaac Humberto Velásquez, presidente de la Junta Directiva del Mercado, dijo que el  26 de junio sostuvieron una reunión con Duchez, quien les habría indicado que el proyecto, del que sólo tenían noción extraoficialmente, sí se iba a llevar a cabo, pero estaba esperando instrucciones.

Velásquez señaló que también sostuvieron una reunión con Fernando Paiz Andrade, quien les informó en qué consistía el proyecto, “nos dijo que íbamos a tener que abandonar los locales, porque ya todo estaba arreglado con las autoridades de turno”.

“Dijeron que nos reubicarían, pero no hay un lugar establecido. Se maneja como si fuera un traslado, pero el Inguat no cuenta con otra propiedad donde nos puedan reubicar. El impacto de la desinformación es negativo, generamos fuentes de empleo directas para 50 familias, e indirectamente tenemos proveedores y artesanos alrededor de todo el país”, manifestó.

De acuerdo con Velásquez, un local produce aproximadamente Q30 mil mensuales, por lo que estima que a nivel global, dentro del mercado se produce un millón al mes.

Otra vendedora subrayó  que no sólo los vendedores se verán afectados, sino también  los proveedores, los empleados, artesanos,  lustradores, vendedores de tarjetas de teléfono, señoras de la tercera edad que piden colaboración, etc.

“Hemos tenido comunicación, pero él (Duchez) dice que no tengamos pena, que vamos a estar bien, pero no hay nada por escrito” dijo preocupada.

MUSEO MAYA DE GUATEMALA
De acuerdo con fuentes del Departamento de Comunicación del Inguat, en mayo se presentó la propuesta al Gobierno para la construcción del Museo Maya de América, promovido por la Fundación Mundo Maya (FMM).

Según refieren, con este proyecto se busca posicionar a Guatemala como “el verdadero corazón de la cultura maya y convertirla en un icono turístico mundial”. Se tenía previsto que la primera piedra se colocara el 21 de diciembre próximo, por ser una fecha de trascendencia mundial, sin embargo, señalan que el plan aún está en una fase primaria. 

El terreno para instalar el Museo ya fue visualizado: el Mercado de Artesanías. Según un dossier de información, tendría que ser trasladado “temporalmente”, pues este terreno sería dado en usufructo a la FMM, por un período de 50 años.

“El compromiso es no dejar desamparados a todos los vendedores, ellos serán parte integral del proceso y mientras dure la construcción del Museo serán trasladados a un espacio físico donde puedan trabajar sin ningún inconveniente, un lugar con amplio parqueo y que los turistas sigan visitándolos”; sin embargo, no consignan una dirección, sólo se habla de lugares cercanos al Aeropuerto.

Los voceros de la institución refieren que el Museo no será parte de Inguat, pero que será un “proyecto donde participemos todos”, “el proyecto no es una privatización, es más cercano a una alianza público-privada, para un proyecto de nación”.

No obstante, aún hay mucha información que no se tiene definida, tal como el modelo económico del Museo, por lo que se desconoce si será de carácter público o privado.