El expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y varios de sus antiguos colaboradores son juzgados desde hoy por el presunto pago de sobornos a senadores para lograr la aprobación durante su gobierno de una ley de reforma laboral.
Además de De la Rúa, de la Unión Cívica Radical, están acusados de cohecho el extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes, el exministro de Trabajo Mario Flamarique y el ex secretario parlamentario en el Senado Mario Pontaquarto. Este último se declaró «arrepentido» y dijo haber participado en la entrega de una suma millonaria a senadores para la aprobación de la ley.
Se prevé que durante el proceso que encabeza el Tribunal Oral Federal 3 de esta capital declaren alrededor de 340 testigos, entre ellos la presidenta Cristina Fernández, quien en el momento del escándalo ejercía como senadora por el Partido Justicialista (peronista), entonces en la oposición. La mandataria dará su testimonio por escrito.
La ley de reforma laboral fue aprobada en abril de 2000 cuando la crisis económica se hacía difícil de revertir y el Fondo Monetario Internacional exigía recortes y ajustes, como una forma de flexibilizar el mercado laboral. Posteriormente surgieron fuertes sospechas de que el oficialismo había sobornado a legisladores opositores y de sus propias filas en la cámara alta para aprobar la norma.
Pontaquarto dijo a los periodistas antes de entrar a la sala donde tiene lugar el juicio que no se va a retractar de sus dichos públicos y que no le teme a la condena que pueda recibir. «Busco que sea la verdad la que termine con todo esto… si no hay condena para mí, que me incriminé, no hay condena para nadie, y por tanto el juicio va a quedar impune».
Agregó que «hay una condena social y yo quiero una condena de la justicia, no me interesan las mentiras de De la Rúa. Este fue el hecho de corrupción institucional más grave desde la llegada de la democracia» en 1983 tras siete años de dictadura militar.
En el juicio también están imputados los ex senadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.
En tanto, el senador peronista Emilio Cantarero, con la salud deteriorada, y el radical José Genoud, que se suicidó en 2008, son los otros dos acusados en la causa que no serán juzgados.
En su autoincriminación pública que luego ratificó ante la justicia, Pontaquarto dijo que retiró cinco millones de dólares de la Secretaría de Inteligencia para pagar los sobornos. Señaló que entregó unos cuatro millones a Cantarero en el departamento de este último para repartir entre senadores peronistas y que el resto fue para Genoud.
Pontaquarto, De la Rúa, su ministro de Trabajo y el antiguo jefe de los servicios secretos están acusados de haber cometido cohecho en su modalidad «activa», mientras que los ex senadores enjuiciados están imputados de haberlo hecho de forma «pasiva», mediante la recepción de los sobornos.
Otro de los testigos en el juicio es el sindicalista Hugo Moyano, jefe de una fracción de la Confederación General del Trabajo, quien aseguró que el ministro Flamarique le dijo que la ley de flexibilización laboral iba a ser aprobada porque para los senadores «tenía la Banelco», en referencia a la tarjeta de extracción de dinero de los cajeros automáticos.
De la Rúa gobernó en alianza con el centroizquierdista Frente País Solidario (Frepaso). El escándalo del pago de sobornos a senadores llevó al vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez –su aliado frepasista– a dimitir en octubre de 2000 en medio de fuertes críticas al gobierno. De la Rúa terminó renunciando en diciembre de 2001, cuando las crisis económica y política se hacían insostenibles. La reforma laboral fue derogada en 2004 y sustituida por otra legislación.
De la Rúa ha sido el segundo presidente después de Carlos Menem (1989-1999) en ser llevado a juicio oral tras la restauración democrática en 1983.