No puedo explicar la satisfacción que me da que Erick Barrondo sea la cara de todos aquellos guatemaltecos que en silencio, a conciencia y por amor propio y al país, se esfuerzan, se entregan y procuran siempre poner el nombre de Guatemala en alto. Hace una semana decía que este logro de proporciones mundiales nos debe servir para reorientar lo que queremos de nuestras disciplinas y poder escoger a los atletas que valen la pena por lo que son dentro y fuera del deporte.
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Pero no puedo de dejar sentir pena por Barrondo y por los que se han esforzado a conciencia porque su actitud contrasta con la de autoridades que con la mayor desfachatez, también de proporciones extraordinarias, en seis meses nos han demostrado que no son más que políticos tradicionales, que utilizan la transparencia como una excusa y a los que el país y su gente les importa tan poco como para siquiera esforzarse en darnos excusas que no rayen en el descaro y el cinismo.
Y traigo esto a colación porque me he quedado perplejo al ver a esas figuras que durante la llanura “fiscalizaban”, pero que hoy vienen a utilizar los mismos argumentos que sus antecesores. Hace meses nos dijeron que al Presidente no le cayó en gracia cuando defendió el uso del avión de los Gutiérrez con el mismo argumento que usó Colom con el avión de Tomza, pero la verdad es que él solito ha hecho méritos suficientes para ponerse a la par no solo de Colom, sino a la altura de esos políticos que tienen hartos a la población.
El mismo empecinamiento que tiene hoy Pérez con el puerto, lo tuvo Colom con el tema del Renap. Colom decía que era necesario modernizar nuestros registros civiles, pero que siendo un tema tan delicado era necesario manejarlo en silencio y sólo con la gente que tenía toda la experiencia. Nadie se oponía a una modernización de los registros, pero lo que era repugnante era la forma en la que lo hacían queriéndonos ver cara de pendejos cuando se sabía que era un negocio con dedicatoria a los financistas de la campaña.
Pues cuatro años más tarde vuelve a pasar lo mismo con la portuaria. El Presidente y su gente han argumentado que el tema es tan necesario, tan urgente que ha sido indispensable violar la ley para darnos a los guatemaltecos chance de modernizarnos. Ya se comprobó que el Interventor, un verdadero experto en “negociar contratos públicos” y ya sabemos lo que eso representa (estuvo en el ojo del huracán en el desastre de Champerico), se recetó un Normativo a su gusto y antojo y, sobre todo, que el acto jurídico celebrado es una concesión.
Por cierto que el artículo 183, inciso k, de la Constitución establece de manera clara que el Presidente debe someter al Legislativo los contratos y concesiones de los servicios públicos, así que sus responsabilidades legales no están siendo cumplidas, además, que pasará a la historia como aquel Presidente que uso su cultura de poder para gobernar con vericuetos legales.
Si alguien esgrime el mismo argumento del Presidente y de quien fue buena para fiscalizar solo las costillas de la UNE, es decir la Vicepresidenta, nos propondrá que todos agarremos una pistola y matemos a quien se nos ocurra, porque el problema de la seguridad es tan urgente, es tan delicado y nos pinta tan mal ante el mundo, que el fin justifica los medios y por tanto, no solo se vale hacer cosas secretas, sino que a dedo decidamos a quien eliminamos. El Presidente y el Ejecutivo no nos dirían nada, porque al fin y al cabo, repito, el fin justifica los medios.
Estamos ya avisados de cuál es el camino y qué entienden por el cambio. Cosa nuestra será tolerar, como lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales y especialmente con las pasadas privatizaciones. Por ello es que siento pena por Barrondo, que lo dio todo por el país, mientras nosotros damos tan poco.