El sábado pasado el diario elPeriódico editorializó sobre el negocio del puerto y lo hizo con una claridad y consistencia dignas de reconocimiento. A diferencia de otros editoriales sobre el tema que van y vienen sin decir nada, ese fue contundente para demostrar que estamos frente a un típico caso de simulación de negocio, porque “se encubre el carácter jurídico que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza.”

En efecto, el usufructo es una enajenación de derechos reales que da al usufructuario la facultad de gozar de los frutos naturales y civiles del bien usufructuado. En cambio, la Ley de Contrataciones del Estado regula en su artículo 95 las concesiones y dice que “para los fines de esta Ley se entiende por concesión la facultad que el Estado otorga a particulares, para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio”.

Ocurre, sin embargo, que la misma Ley de Contrataciones establece en ese mismo artículo que no se podrán concesionar servicios en los que actualmente el Estado o sus entidades autónomas y descentralizadas obtengan utilidades. Por ello, y para evitar los requisitos que se tienen que llenar para otorgar una concesión, las autoridades de la Portuaria Quetzal se acogieron a la figura del usufructo oneroso. No es lo mismo dar en usufructo un bien para que alguien se beneficie de sus frutos naturales o civiles a entregarlo para que produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público.

Más claro no canta un gallo y el Presidente de la República debiera de reprender seriamente a sus funcionarios y a los abogados que le han engañado a sabiendas de que lo que están haciendo es una concesión y no un usufructo, porque lo han expuesto al mayor escándalo de su gestión gubernamental con riesgo de que este negocio le marque ante la historia. Eso en el supuesto de que el mandatario sea ajeno al negocio burdo que se fraguó en la empresa portuaria con tanta premeditación, alevosía y ventaja, que hasta se dieron a la tarea en mayo de redactar las normas para regular el usufructo a fin de que esas disposiciones se acomodaran a lo que estaban negociando ya con la gente que se terminó beneficiando con el negocio.

Es opinión bastante generalizada, según lo que he podido comprobar, que el Presidente está al tanto de la situación y que no es ajeno a los planes y preparativos que cuidadosamente se hicieron desde el mismo momento en que se hizo el nombramiento de quien asumiría las funciones de interventor por sus antecedentes y credenciales que no eran de alguien con experiencia en la administración de puertos, pero sí en la negociación con ventajas para sus clientes de negocios con el sector público.

Esa misma opinión generalizada es la que se inclina a pensar que la “suspensión” del negocio no tiene la finalidad de enderezarlo, sino de arreglar los problemas con el sindicato de la empresa para que deje de obstaculizar lo que ya se ha dispuesto hacer.

Yo creo que es importante colocar el tema de la ampliación de los servicios portuarios en la agenda nacional y que tiene que buscarse la mejor forma de ampliar el puerto. Pero cuando digo la mejor forma es pensando en los intereses del país y no de quienes pueden hacer el negocio con ventajas personales. Y para ello la transparencia y publicidad de los actos conducentes a cerrar el negocio tienen que ser públicos y la concesión debe hacerse de conformidad con la ley.